Josué Rodríguez
Acuña, Coah. 16 de octubre. – Ninguna organización, asociación civil, sindicato o intermediario tiene facultades legales para solicitar por sí mismo la regularización de «autos chocolate», advirtió Starki Cedillo.
El coordinador regional en el norte de Coahuila de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) explicó que, de acuerdo con el Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las únicas autoridades facultadas para presentar una iniciativa de ley al respecto son los diputados, los senadores y el presidente de la República.
En ese sentido, lamentó que diversas organizaciones dedicadas a empadronar vehículos extranjeros y a vender placas de cartón utilicen la bandera de solicitar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un nuevo periodo de regularización con el único fin de obtener recursos económicos y captar agremiados.
“Para poder solicitar una nueva regularización debe haber presión social; por eso nosotros pedimos que se afilien para conformar un padrón grande. Sin embargo, la petición se debe hacer mediante una iniciativa de ley, consiguiendo un diputado que nos apoye y la presente, porque no es nada más ir a México y solicitar una regularización como dicen otras organizaciones, que solo engañan a la gente para hacerse de recursos”, señaló Cedillo.
Asimismo, recordó que ONAPPAFA —encabezada por José Guadalupe Barrios Núñez, con 41 años de existencia y presencia en 10 estados del país— impulsó y mantuvo acercamientos con Andrés Manuel López Obrador, tanto antes de asumir la presidencia como durante su administración, para lograr el reciente decreto de regularización.
Cabe recordar que fue en octubre de 2021 cuando el entonces presidente López Obrador firmó el decreto oficial para iniciar el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en los estados fronterizos y del país, con un costo inicial preferencial de 2 mil 500 pesos por unidad.
