- Solo el 0.002 por ciento de los registros se ha señalado con supuestos problemas jurídicos.
El acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se aprobó un mecanismo para recibir denuncias en contra de aspirantes a la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, implica poner en duda, sin ninguna base nueva, la legalidad de esas candidaturas y hacerlo en medio de campañas genera incertidumbre jurídica.
Así lo aseguraron especialistas en derecho, quienes señalaron que este acuerdo (aprobado por ocho votos contra tres), “es profundamente preocupante” porque se está abriendo un espacio para denuncias sin necesidad de pruebas, lo que vulnera directamente la presunción de inocencia.
El especialista en derechos fundamentales, Ramón López Castro, explicó que convertir al INE en un buzón público para acusaciones anónimas “transforma el proceso en un coliseo romano, como bien advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No hay garantías para quienes sean señalados, ni para quien denuncia: no existen protocolos claros, ni filtros mínimos de veracidad”.
En una democracia, dijo, el escrutinio no puede sustituirse por el espectáculo. La frase de la presidenta resume perfectamente el riesgo de este tipo de mecanismos, “no se puede montar una arena para que los candidatos sean juzgados por rumorología. La justicia no puede depender de percepciones, sino de pruebas”.
Además, explicó “se corre el riesgo de sentar un precedente peligroso: hoy son los jueces, mañana puede ser cualquier candidatura. También se deslegitima el trabajo del Senado y los comités evaluadores. Lo que está en juego es el respeto al marco legal, a los derechos humanos y a los límites institucionales”.
Sobre la habilitación de un micrositio del INE para recibir denuncias ciudadanas sobre vínculos de candidatos con el crimen organizado, el litigante destacó que es profundamente preocupante, porque será un espacio abierto a denuncias sin necesidad de pruebas, lo que vulnera directamente la presunción de inocencia.
Resaltó que, en el caso de que existan denuncias fundamentadas, éstas deben ser canalizadas por las vías legales y se deben remitir a las autoridades competentes. “Lo que no se puede hacer es fomentar el linchamiento mediático ni la sospecha sin sustento, más aún cuando ya hubo un procedimiento respaldado por el Senado”.
Si existe información nueva y documentada, debe presentarse ante la Fiscalía o el Tribunal Electoral. Pero no puede someterse a las candidaturas a un nuevo filtro burocrático o mediático que viole su derecho a una defensa adecuada. Las reglas no pueden cambiarse a mitad del juego.
De esta forma, coincidió con la postura de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en que la revisión que se propone ya fue practicada por los comités de evaluación, como se observa en cada convocatoria en la que se entregó el escrito que ahora se pretende nuevamente solicitar.
Además, concordó en que este acuerdo atenta contra la presunción de validez con la que el Senado de la República remitió los listados y, asimismo, infringe el principio de mínima intervención del Estado y vulnerar el principio de presunción de inocencia.
