Por Guillermo Robles Ramírez
Por muchos años diferentes organizaciones no gubernamentales estuvieron peleando por décadas al Gobierno Federal la regularización de unidades extranjeras y durante la actual Administración les concedieron lo que tanto quisieron ahora no dicen nada.
Sin embargo, siguen circulando cada vez más los automóviles y camionetas ilegales, que no dejan de llamarse “chocolates”, circulando tanto en Coahuila y en otros Estados del país, muy a pesar de que se ha restringido la vigilancia en las aduanas de los puentes internacionales que dividen a México y los Estados Unidos.
El continuo paso de vehículos ilegales, además de que se ha normalizado en todo el país por la misma apatía de los agentes de tránsito de cada ciudad del país en no hacerles caso y no son detenidos para verificar la procedencia o bien la legalidad de las mismas unidades. Y lo mismo sucede con los nulos operativos estatales para asegurarse que los vehículos porten con el laminado legal que corresponde a cada entidad federativa, dinero que se escapa de las arcas estatales y que no tienen que reportar a la federación.
Para los dueños de estos carros y camionetas, “chocolates”, que argumentan que no afectan a nadie y que tienen derecho de hacerse de un patrimonio, están verdaderamente muy equivocados siempre y cuando no existiera una fuerte planta productora automotriz que da trabajo a miles de mexicanos y, además, tampoco sería problema si esta chatarra no causara contaminación.
Estamos conscientes de que no toda la gente puede ni podría comprar un automóvil o pick up nueva y nacional; pero resulta que entre lo que cuesta la unidad automotriz en los Estados Unidos, lo que les cobran los Onappafa, y la Unión Campesina Democrática por adherirse a esa organización pero con la misma gata pero revolcada, les aseguran que con ellos sale más barato regularizar o nacionalizar el vehículo.
Así como otros de sus servicios que ofrecen, aunque no tan abiertamente y mucho menos por escrito, que ellos mismos ayudan para pasarla por el puente internacional o bien que tienen los contactos, pero no te dicen que todo esto sigue siendo de manera ilegal.
Pero si juntamos todos estos gastos de “permisos”, de placas no oficiales donde promocionan su organización y una numeración que solo es válido para ellos mismos, pero no para las autoridades locales, estatales y federales. Y también el costo por pasar el carro o camioneta, ilegalmente, por alguno de los puentes internacionales; más los moches que tienen que ir soltando a lo largo de las carreteras federales, sumando todos esos “periquitos”, bien ya hubieran podido haber comprado en México un vehículo nuevo, seminuevo o usado y en mejores condiciones.
Tan solo en la región Centro se estima que circulan alrededor de 5,500 a 7 mil unidades motrices de procedencia extranjera y si sumamos lo doble o más de ciudades como Torreón y Saltillo, honestamente ya no tienen una bandera que izar en alto para obligar al gobierno federal a la regularización o nacionalización de los “chuecos”.
Pero tampoco ha sido impedimento para que continue el negocio de estas organizaciones no gubernamentales, sigan lucrando engañando a la gente así como la apatía de las autoridades locales, estatales, y federales que si no es indiferencia que circulen vehículos ilegales en ciudades y carreteras, entonces su mensaje es muy claro en donde ganó la ilegalidad y corrupción, dañando la economía productiva del país así como la injusticia de quienes sí pagamos la legalidad de la circulación de nuestros automóviles o camionetas.
Aunque también hay que decirlo que ante esta miopía de las autoridades, ya también se empieza a observar vehículos nacionales de alta gama que circulan sin ningún tipo de lámina. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva) www.intersip.org
