• La iniciativa se implementará en coordinación con autoridades mexicanas y empresas japonesas, principalmente en las regiones de El Bajío y Nuevo León
• Para México es fundamental asegurar a las personas refugiadas el pleno disfrute de sus derechos y el acceso a servicios de educación, salud, documentación y oportunidades de empleo, destacó la directora general de Estrategia Multilateral de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Aureny Aguirre
Con el propósito de fortalecer comunidades inclusivas, la agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la embajada de Japón en México, presentaron hoy un proyecto para promover la integración socioeconómica de personas refugiadas y solicitantes de asilo en México, mediante su incorporación al empleo formal.
En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se presentó este proyecto durante una reunión encabezada por la directora general de Estrategia Multilateral de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Aureny Aguirre; el embajador de Japón en México, Kozo Honsei; el representante de ACNUR en México, Giovanni Lepri, y el presidente de la empresa japonesa Exedy Dynax México, Taiichi Kagiyama.
En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se presentó este proyecto durante una reunión encabezada por la directora general de Estrategia Multilateral de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Aureny Aguirre; el embajador de Japón en México, Kozo Honsei; el representante de ACNUR en México, Giovanni Lepri, y el presidente de la empresa japonesa Exedy Dynax México, Taiichi Kagiyama.
Este proyecto cuenta con un financiamiento de 3.5 millones de dólares por parte del gobierno de Japón, y se desarrollará entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Se implementará en el marco del Programa de Integración Local (PIL) de ACNUR, en estrecha coordinación con los gobiernos federal, estatales y municipales, así como el sector privado, incluidas empresas japonesas y la sociedad civil.
Tras agradecer el apoyo del gobierno de Japón y de ACNUR, Aguirre precisó que para México es fundamental asegurar a las personas refugiadas el pleno disfrute de sus derechos y el acceso a servicios de educación, salud, documentación y oportunidades de empleo.
Esto contribuirá a facilitar la integración social y económica de las personas refugiadas, reducir su situación de vulnerabilidad y promover su autosuficiencia en un lugar donde puedan reiniciar su vida con dignidad y paz, precisó la funcionaria quien participó en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente.
El proyecto tiene como meta brindar apoyo a 5,000 personas refugiadas para trasladarse desde el sur de México a ciudades con mayor capacidad de integración laboral y social, en regiones como El Bajío y Nuevo León. Estas zonas cuentan con la presencia de empresas japonesas y una infraestructura que facilita el acceso al empleo y a servicios esenciales.
“Ante la actual coyuntura global, Japón y México, como aliados estratégicos, debemos seguir realizando esfuerzos para trabajar y cooperar en temas globales como este tema de gran relevancia. Las acciones que realizaremos a través del proyecto con ACNUR serán muy significativas para enfrentar los retos que implican los crecientes flujos de personas”, destacó por su parte el embajador de Japón, Kozo Honsei.
La iniciativa prestará especial atención a la inclusión de mujeres jefas de familia, y promoverá la incorporación de niñas y niños a actividades educativas, deportivas y culturales, así como el acceso a servicios de cuidado infantil.
El representante de la ACNUR en México, Giovanni Lepri, destacó su agradecimiento con el gobierno de Japón por su generoso apoyo a este proyecto. “Esta contribución no solo permitirá que miles de personas refugiadas accedan a empleo formal y servicios esenciales, sino que también fortalecerá la cohesión social en las comunidades que las reciben. La solidaridad internacional es clave para construir una integración sostenible y humana”, dijo.
Desde su creación en 2016, el PIL ha permitido a más de 50 mil personas refugiadas reconstruir sus vidas en México y generar una contribución fiscal anual estimada en 238 millones de pesos. Este nuevo proyecto refuerza el compromiso de ampliar las oportunidades para que más personas refugiadas encuentren estabilidad y accedan a nuevas oportunidades.
