En febrero de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso 20 iniciativas de reforma, a través de la Secretaría de Gobernación.
Reforma electoral. Contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en los gobiernos municipales y eliminar las candidaturas plurinominales; los diputados federales pasarían de 500 a 300 y el Senado, de 128 a 64 legisladores. Los magistrados de los organismos electorales serán electos con el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos y propone reducir del 40 al 30% los participantes en las consultas populares para hacerlas válidas y lo mismo aplicaría a la revocación de mandato.
Reforma judicial. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores, serán electos de manera directa por el pueblo.
Guardia Nacional. Para evitar que esta institución se corrompa, se propone que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos.
Austeridad republicana. Convertirla en política de Estado, para que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que el presidente de la República; no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del Gobierno federal.
Organismos autónomos. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés del pueblo.
Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos, consultarlos cuando se puedan hacer obras que puedan afectar su vida o entorno.
Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad.
Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
Prohibir el maltrato a los animales.
Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia.
No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no podrá ser menor a lo que perciben trabajadores inscritos en el Seguro Social.
Revertir las reformas de pensiones, tanto las aprobadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón, porque impiden a los trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE jubilarse con el 100% de su salario.
