Por Guillermo Robles Ramírez
La industria automotriz pasa por una difícil situación económica por la reducción en la venta de vehículos, lo que consecuentemente ha provocado despidos masivos y las Entidades más afectadas son precisamente donde se encuentran instaladas las diferentes marcas automotrices, siendo Coahuila una de ellas y directamente Saltillo.
Pero no ha sido la primera vez que este sector de la industria ha sufrido descalabros, pues hay que recordar que el primero fue en marzo del 2004, cuando se veía venir una regularización o nacionalización de los vehículos “chuecos”, o “chocolates”.
La segunda fue posterior a la pandemia del covid-19, siendo entre los primeros seis meses del 2021, cuando las ensambladoras y fabricantes automotrices sufrieron la crisis de los chips, o semiconductores, siendo un componente de suma importancia de las unidades modernas, parando líneas de producción, y por ende la carencia de vehículos nuevos.
La tercera fue precisamente en ese mismo año, es decir, 2021; cuando AMLO, firmó el acuerdo para la regularización de los autos “chocolates”, con un costo accesible para la gente.
Pues bien, vemos la tempestad y no nos hincamos y como ordinariamente se dice, le aventamos patadas al pesebre al hablarse autorizado la legalización de esos vehículos “chuecos”, cuando ya de por sí la industria automotriz pasaba en ese mismo año una de sus peores crisis, hasta el grado de que muchas agencias de autos lucían vacías sus exhibidoras de unidades nuevas.
La introducción ilegal de unidades automotrices ha provocado no solo desempleo en la industria automotriz nacional de miles de trabajadores, sino igualmente la depreciación o baja de precio en los coches y camionetas nacionales.
Sin embargo, y muy a pesar de las graves consecuencias y “rebotes” del disimulo y complicidad que hay en la introducción ilegal de vehículos extranjeros, las autoridades hacendarías y otras que están obligadas a actuar, no lo hacen y su apatía e indiferencia cada vez es más notoria, pero sobre todo, perjudicial.
Aunado a lo anterior, y muy a pesar de que la legalización de los “chocolates” ya es posible; no frenó a las organizaciones como ONAPPAFA, Unión Campesina Democrática y otras más, cuyos líderes siguen haciendo un gran negocio trayendo y vendiendo directamente carros y camionetas “chuecas”.
La actitud original de los legisladores desde que se anunciaba la legalización de los autos “chocolates”, fue en el sentido de que esos “chuecos” representaban una inseguridad para el tráfico vehicular en caso de accidentes y que “más valía” nacionalizarlos dizque para tener un mejor control, porque así cuando choquen o atropellen a alguien los pueden localizar.
Ese mismo razonamiento se externó en el 2000 cuando se regularizaron miles y miles de unidades ilegales y las cosas no cambiaron, lo mismo en el 2004, y también en 2021; prometiendo el gobierno federal en cada año mencionado que no afectaría la planta productiva automotriz nacional lo que con el tiempo se demuestra que a nuestros diputados federales y senadores les vale poco o nada que le dan patadas al pesebre, es decir, acabar con la planta productiva automotriz, y, por lo tanto aumente el desempleo así como el autoconsumo y no depender de otros países. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org
