Las inadecuadas condiciones de detención, el hacinamiento, los problemas de autogobierno y corrupción, los esquemas rígidos de aislamiento administrativo y las deficiencias en las políticas de reinserción, son algunos de los retos que han sido señalados por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El abuso de la prisión preventiva y la existencia misma de la prisión preventiva oficiosa han exacerbado estos desafíos.
Particularmente preocupantes son las condiciones de las mujeres privadas de la libertad. Instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Defensoría Pública han detectado, por ejemplo, la inobservancia de los derechos humanos en la prisión federal para mujeres en Morelos, lo que ha conducido a la muerte de 15 mujeres en los últimos tres años,(2) algunas de ellas aparentemente por suicidio.
La ONU-DH recuerda que las prisiones en México albergan principalmente a personas en situación de pobreza y marginación, quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a las difíciles condiciones de detención en las prisiones. Esta realidad le otorga una mayor fuerza a nuestro llamado.
La apertura del Estado mexicano al escrutinio y la cooperación internacional ha sido fundamental para el avance de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los de aquellas que se encuentran privadas de la libertad. En este contexto, desde la ONU-DH reconocemos que el Estado mexicano haya aceptado en días pasados las recomendaciones relativas a la situación de las personas privadas de la libertad formuladas en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el mes de septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria presentará su informe de misión a México, y el Subcomité para la Prevención de la Tortura ya ha anunciado una visita al país en el primer semestre del 2025.
Finalmente, reiteramos nuestra plena disposición para seguir brindado asistencia y cooperación técnica al Estado mexicano, particularmente a las autoridades electas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos.
