Por Francisco Rodrìguez
A un año de la tragedia donde murieron 10 trabajadores en la mina El Pinabete, en la comunidad de Agujita, municipio de Sabinas, las familias siguen sin cumplir promesas.
Son promesas que hicieron a las familias, al esposo o a los hijos. Son promesas incumplidas porque los restos de los trabajadores siguen sin ser encontrados en las entrañas de una tierra llena de agua.
Carolina Álvarez fue pareja del minero Jorge Luis Martínez Valdez. Ella estaba en su trabajo aquel 3 de agosto de 2022 cuando fueron a avisarle que había pasado un “accidente” en la mina.
Llegó al lugar y allí se quedó un mes, esperando por noticias sobre el rescate de Jorge Luis, de quien se había separado seis años atrás, pero con quien criaba un hijo y una hija en buenos términos.
“Esperaba noticias… con la esperanza, pero no se logró”, recuerda.
Más que esperanzas lo que tiene ahora Carolina, a un año de la tragedia que enlutó la zona, es fe. Fe de que tendrá el cuerpo del padre de sus hijos para que tengan un lugar donde platicar con él.
Porque en esta tragedia las promesas siguen sin cumplirse.
Desde el primer momento en que trascendió que 10 mineros habían quedado en el fondo del pozo donde tumbaban carbón por 150 pesos la tonelada, Carolina Álvarez les prometió a sus hijos que no dejaría de luchar hasta que tuvieran los restos de su padre.
“En su momento era vivo, ahora como sea, pero no dejaré de luchar”, dice la viuda.
También las promesas se hicieron en vida, como la de Martha María Huerta, viuda de Sergio Gabriel Cruz Gaytán. Ella le prometió al carbonero que cuando muriera, lo llevaría a descansar a la comunidad de Barroterán, en el municipio minero de Múzquiz, donde también están los restos de la madre.
Pero a un año de la tragedia en El Pinabete y mientras siguen los trabajos para recuperar los restos de los trabajadores, algunas promesas se desvanecen.
“La esperanza sigue intacta, es lo último que muere”, dice la señora Martha. Pero a un año de lidiar con el dolor, también está consciente de que es posible que no lo logren. Asegura que ha ido entendiendo la situación y dejando todo en manos de Dios.
“Ya no me torturaré con esos pensamientos. Qué más quisiera que lo saquen para llevarlo con su mamá que era lo que quería. Si Dios no lo quiere lo aceptaré. Solo él sabe por qué”.
Ni justicia ni garantías de no repetición
Las promesas no se han cumplido. Como tampoco ha llegado la justicia, ningún plan de diversificación como siempre se promete, ni mucho menos garantías de no repetición.
Hace 16 días, en el ejido El Mezquite de Sabinas, dos mineros murieron después de que se rompiera el malacate que es usado para subir y bajar mineros, así como para extraer el carbón del subsuelo.
El tiempo corrió y se supo que el pocito era operado por la empresa Minera Fuga S.A de C.V, creada apenas en 2018 y con un historial de dos contratos de carbón que le adjudicó la Comisión Federal de Electricidad (CFE): el contrato CFE-0700-ADAAN-0041-2020 y el CFE-0700-ADAAN-0035-222. En conjunto estos contratos sumaron 145 millones 287 mil 189 pesos.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó el mismo día que la mina operaba fuera de la ley al no contar con condiciones de seguridad.
Según un comunicado de la STPS, el 31 de agosto de 2022 se le realizó una visita de inspección de seguridad e higiene y como resultado se detectaron condiciones que ponían en peligro la vida, salud e integridad de los trabajadores, precisó la Secretaría. La inspección se dio semanas después de la tragedia en El Pinabete.
Dos meses antes de la inspección, la CFE, la gran compradora del carbón de esta zona, adjudicó de manera directa un contrato por más de 97 millones y a pesar de la advertencia de la STPS, la empresa siguió vendiendo carbón.
Como medida precautoria se había decretado la restricción de acceso y limitación de operaciones, “medidas que se encuentran vigentes en la actualidad”, acotó la STPS en el comunicado del 18 de julio de 2023.
Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos de los mineros del carbón y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, asegura que el modelo de inspección como lo han establecido las autoridades “es un rotundo fracaso” porque los empresarios no obedecen y la Secretaría del Trabajo sabe que no le harán caso.
“¿Qué hiciste todos estos meses?”, cuestiona la activista. La empresa tiene contrato con CFE y todos estos meses le vendió carbón y a nadie le importó. “No hay comunicación entre los distintos niveles de gobierno”, critica.
Las inspecciones no son suficientes, dice Omar Navarro Ballesteros, miembro de la Organización Familia Pasta de Conchos. El problema es que no hay seguimiento, y los empresarios ya conocen cómo operar y cómo seguir en la actividad, agrega.
El pozo de El Mezquite no contaba siquiera con una salida de emergencia como lo marca la Norma 032 de la Secretaría del Trabajo. En el caso de las minas de tiro vertical como El Pinabete o El Mezquite, la salida de emergencia debe de ser otro pozo conectado, aunque esto no será suficiente para garantizar la seguridad, afirma Navarro Ballesteros.
Además, señala que las inspecciones de las minas se hacen de una forma muy antigua e incluso refiere que hay cuestiones absurdas como pedir que quiten las telarañas de una lámpara cuando hay rubros más importantes.
Comprar la precarización
Omar Navarro asegura que en esta administración han aumentado las muertes en minas de pequeños empresarios, de pequeños productores que no cuentan con las medidas de seguridad y mucho menos con estudios geológicos, hidrogeológicos o geohidrológicos, mismos que se tienen que realizar de acuerdo con la Ley Minera.
El 20 de febrero de 2023 Semanario publicó el reportaje Nuevas empresas mineras, mismo negocio del carbón, donde se documentó cómo empresas de reciente creación o empresas que antes tenían otro giro económico, han acaparado el 40 por ciento de los recursos de los contratos de carbón que ha asignado la CFE en la actual administración federal.
Casos como El Pinabete y ahora El Mezquite, son reflejo de que la CFE no hace ninguna revisión a su cadena de suministro.
Cristina Auerbach dice que esta estrategia de comprarle a pequeños productores representa comprar la precarización, porque significa comprarle a todos los que tienen las peores minas, pozos o cuevas.
Esto a pesar de que el artículo 81 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece que en los procedimientos distintos al de concurso abierto, como las asignaciones directas de contratos de carbón, se deberá “invitar a personas con posibilidad de respuesta adecuada; que cuenten con la capacidad financiera, técnica, y operativa para dar cumplimiento a los contratos, y que cuenten con experiencia en las actividades o trabajos a realizar”.
Además, la activista menciona que esa supuesta distribución de la riqueza no existe porque todos los mineros siguen igual de pobres.
“Es muy perverso que en la muerte de los mineros estén involucrados tantos niveles de gobierno y empresas de gobierno y no suceda nada”, critica.
Zona de sacrificio
Regiones como la Carbonífera de Coahuila están catalogadas como “zonas de sacrificio”, dice Cristina Auerbach. Y a una zona de sacrificio no se le invertirá en infraestructura ni en nada, porque lo único que interesa es seguir sacando carbón. No generar desarrollo ni bienestar, sino extraer un combustible fósil.
En esta región de Coahuila se saca de las entrañas de la tierra el 99% del carbón que se usa para iluminar el país, aunque el uso de carbón como materia generadora de energía se haya caído en los últimos años al 4% en 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía.
Una “Zona de sacrificio”, de acuerdo con la relatoría especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, sobre Tóxicos y Derechos Humanos se define como “una región o comunidad donde la contaminación extrema y/o generalizada está generando abusos o violaciones de los derechos humanos… y a menudo son el resultado de políticas que priorizan el crecimiento económico o los beneficios para las empresas por sobre la vida, la salud, la dignidad y el bienestar de las personas”.
Elizabeth Bravo en su obra “Las zonas de sacrificio en América Latina”, un estudio donde muestra un conjunto de casos de estudio sobre zonas de sacrificio en la región, explica que la omisión de normas o protocolos, o las simples obras que no debieron realizarse por sus riesgos, las convierte en zonas de sacrificio.
“Por eso no importan las muertes y parte de esta política de zona de sacrificio es no castigar a los culpables”, explica Auerbach.
Por el caso de los 10 muertos de El Pinabete, existen dos detenidos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), Cristian Solís y Luis Rafael García Luna Acuña, este último socio mayoritario. Sin embargo, la detención y el proceso se lleva por el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación. No por homicidio.
No son considerados como homicidios porque de primera instancia son muertes que ocurrieron en “accidentes”.
Auerbach pide cambiar el lenguaje porque asegura que no se trata de accidentes, sino de siniestros y de homicidios culposos. Ejemplifica que, si va manejando y mata a una persona, y resulta que el auto es robado y consumía alcohol, va directo a la cárcel por homicidio imprudencial.
Y en los casos como El Pinabete o el Mezquite deberían de considerarse homicidios imprudenciales por no contar con las medidas de seguridad. En el caso de El Pinabete había avisos de filtraciones de agua.
Para la activista es “humillante, ofensivo e insensible” que se hable del “accidente sucedido” cuando todos saben que las condiciones estaban mal.
“Ni en el sexenio de Fox, ni de Calderón, ni de Peña ni en el actual de López Obrador. Nunca se ha castigado a nadie por la muerte de los mineros. No importa si matas a 65, a 10 o a dos. Ellos van a seguir sacando carbón, porque matar mineros no es delito en este país”.
La señora Carolina Álvarez cuenta que en la Fiscalía les dicen que no pueden hacer nada porque no hay cuerpos, no pueden adjudicar algún cargo, dice la señora que les refieren en la Fiscalía.
Ella espera que concluya el rescate para continuar los temas legales, pues desde hace meses las viudas interpusieron denuncias por homicidio culposo.
“Ellos sabían cómo estaban las condiciones de la mina, la avaricia llevó a la pérdida de 10 personas, 10 padres, 10 hijos, 10 hermanos, 10 esposos”, reclama Carolina Álvarez.
Desde octubre pasado la empresa suspendió los pagos semanales que daban a las viudas.
Carolina no sabe si habrá justicia terrenal, porque escucha en las noticias que los dueños son tales personas, exalcaldes, y los ve como si nada, sin cargo de conciencia.
Carolina cree en la justicia divina.
Región que suma muertos
Omar Navarro refiere que desde que ocurrió la tragedia de Pasta de Conchos hace 17 años, se debió hacer algo por frenar los pocitos, por castigar a empresarios y restringir el acceso a concesiones, cosa que no ha ocurrido.
Desde la tragedia de Pasta de Conchos han muerto más de 130 mineros en la zona Carbonífera, sin que nadie pague con cárcel por ello.
“En el 2021 fue Micarán, en el 2022 El Pinabete y ahora El Mezquite, y eso que no contamos los accidentes que ha habido o que no se conocieron, las enfermedades. Falta todo un protocolo para atender los desastres mineros”, dice Omar Navarro.
Pero pareciera que en la región se ha normalizado morir en una mina. Las familias como la de Carolina o Martha repiten las veces que les pidieron a sus parejas que dejaran el carbón por miedo a que murieran en una de ellas. Pero los hombres se niegan.
“Le gustaba la adrenalina, andar para arriba y abajo, tumbando carbón”, recuerda Carolina sobre Jorge Luis quien empezó a los 19 años a introducirse en las minas y murió a los 34 años.
“Si me va a tronar que sea donde a mí me gusta”, le solía decir Sergio Cruz a Martha cada que también le insistía en que renunciara a ser minero.
El carbón y ser minero es un tema de orgullo en la región Carbonífera, dice Omar Navarro de la Organización Familia Pasta de Conchos. En los municipios de la zona se erigen estatuas y monumentos al minero, como si se tratara de un trofeo que se tiene que presumir.
Elizabeth Bravo en su estudio “Las zonas de sacrificio en América Latina”, explica que los Estados en estas zonas demandan a los sectores inferiores de la población una “ofrenda” para alcanzar un bien superior, “con connotaciones casi heroicas”.
Y así parece que se vive en la región. El 19 de julio Vanguardia publicó la nota “Sabíamos que era un pocito irregular, pero no teníamos de otra’: padre y hermano de minero fallecido en Sabinas”. En la nota, la reportera Magdalena Guardiola recupera una frase de Juan Zapata, padre del carbonero muerto en El Mezquite, Juan Jesús Zapata Alfaro. La frase refleja la normalización de las muertes de los mineros:
“Yo no culpo al patrón, yo no culpo a la autoridad. Dios me lo dio, Dios me lo quitó”.
Esta narrativa se escucha seguido en los pobladores y los deudos.
“No me queda de otra que aceptar el designio de Dios”, dice Martha Huerta una mañana calurosa. “Sabía del peligro y quedó donde le gustaba estar”, insiste.
Esa mentalidad que ha permeado en la zona se traduce también a la justicia y la impunidad de los casos.
“En México, matar mineros no se considera homicidio”, repite la activista Auerbach.
Sin estrategias económicas
Cada tragedia en la zona o cada elección, se escuchan las mismas voces: “se castigará a los culpables, hay que diversificar la economía, se necesitan nuevas estrategias”.
“Pero no hacen nada para solucionar los conflictos”, critica Omar Navarro Ballesteros de la Organización Familia Pasta de Conchos.
Dice que pareciera que los empresarios y políticos viven en una fantasía y que las cosas cambiarán mágicamente, sin echar a andar políticas públicas, sin proponer leyes que garanticen la seguridad y sin cumplir las ya existentes.
“Se dice que el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Pero aquí todos conocemos la historia y si no estás arreglando los problemas de hace 20 años, van a seguir las tragedias”, comenta Navarro Ballesteros.
Auerbach considera que este discurso de promesas de cambio es una narrativa que utilizan para tratar de justificar que no son insensibles a las muertes, pero en realidad no hacen nada para que sucedan.
El secretario de Economía, Claudio Bres, dijo a Semanario que se ha propuesto a través del Congreso que durante 10 años se dé en la región Carbonífera todo tipo de incentivos, condonación de impuestos y permisos en materia estatal a diversas actividades económicas como la de turismo, comercio o industria, con el objetivo de ir dejando la huella del carbón.
Así mismo, comentó que se ha promovido que en Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, los Cabildos también aprueben lo mismo en materia municipal, desde incentivos en impuestos prediales o el impuesto sobre adquisición de bienes como la tierra.
Bres añadió que la Secretaría de Economía mandó a hacer un estudio encargado a Aguas de Saltillo, para conocer a largo plazo el tema del agua en la región y mejorar la administración del sistema.
“Se tiene que diversificar la economía, tienes que ir dejando la huella de carbón a un lado, tiene que terminar poco a poco en los siguientes años la explotación de carbón”, comentó el secretario de Economía.
Pero estas estrategias están lejos de impactar. “No es suficiente, si no hay carreteras, no hay hospitales, no hay internet, no hay lo mínimo de infraestructura para establecer empresas, no va a suceder nada”, dice Auerbach.
Omar Navarro cree que este tipo de declaraciones son sólo de dientes para afuera. Dichos que son frecuentes, pero que a la postre se descubren las incongruencias: se encuentran políticos dueños de pozos o vinculados con empresarios del carbón.
Y ese reflejo del vínculo de la zona con políticos se vio en la pasada elección para gobernador, donde Morena intentó que quedara un empresario del carbón como mandatario estatal.
“Es reflejo de que las cosas no van a cambiar”, considera Cristina Auerbach.
Otra vez, a esperar
La señora Carolina Álvarez asegura que, a un año de la tragedia en El Pinabete, sigue sin tener paz.
Esa paz, dice, únicamente llegará cuando le digan que puede ir a recoger al padre de sus hijos. Que ya tenga su misa, que sus hijos tengan un lugar a donde ir a rezarle, a llevarle flores, a platicar.
En próximas semanas, de acuerdo con lo acordado e informado en la última reunión que tuvieron las viudas con la Coordinación de Protección Civil y CFE, podrían iniciar los trabajos de excavación controlada con fines de búsqueda y recuperación.
Todo dependerá de la eficiencia en la construcción de los tapones hidráulicos en las galerías, que servirán para evitar nuevas inundaciones.
Si se logra, las autoridades habilitarán un espacio a las familias para que puedan observar los trabajos de búsqueda y recuperación.
Allí estará Carolina, con la fe de que cumplirá la promesa a sus hijos.
“Empezaremos de nuevo, como al principio”.
Reportaje de:
Semanario Coahuila es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
