Millonarios del carbón: Tania Flores Guerra y su familia, privilegiados de CFE

A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presume compras con “justicia” en la región Carbonífera de Coahuila, la realidad es que una cuarta parte de los recursos de los contratos para abastecer carbón que ha adjudicado desde 2020, han ido para empresas ligadas a la familia de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra.

En la actual administración federal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha entregado contratos de carbón a empresas de reciente creación, empresas que tenían otro giro y cambiaron su objeto social para poder conseguir contratos millonarios, o a empresas relacionadas con políticos como la alcaldesa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra.

No hay familia más beneficiada y que ejemplifique esta tendencia en la actual administración de la CFE, que la familia Flores Guerra en la región Carbonífera de Coahuila, zona donde se produce el 99% del carbón del país.

En tres años, la CFE ha adjudicado contratos por más de 3 mil 200 millones de pesos a empresas relacionadas a la familia, lo que equivale a una cuarta parte del total de recursos entregados en contratos de carbón desde 2020, de acuerdo con una revisión hecha por Semanario al Sistema Electrónico de Contrataciones de la llamada empresa productiva.

Sin embargo, la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra niega que su familia se vea beneficiada con contratos de CFE y argumenta que tienen 20 años de mineros y 10 años de licitar con la Comisión.

“Puedes decir beneficiados con contratos si los hubiéramos obtenido cuando empezamos en la política, pero tenemos participando con las licitaciones desde hace 10 años”, argumentó la alcaldesa en una entrevista al término de un mitin en Sabinas del precandidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana.

Para la presidenta municipal, primero fue la actividad minera y después la política, y eso la excusa de los privilegios en las adjudicaciones.

“Es imposible decir que nos beneficiamos y que nos quieran catalogar por trabajar en un área que tenemos 20 años, esto no es nuevo. Lo nuevo es la política, pero no la acción minera que tenemos”, insistió a Vanguardia.

Esa actividad minera ha requerido de seis empresas, cuatro de ellas constituidas durante la actual administración federal con ayuda de personas vinculadas a la familia o a la administración de la alcaldesa.

Lo anterior inclusive fue confirmado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su auditoría de cumplimiento 2021-6-90UIC-19-0061-2022 donde observó la relación de cuatro empresas de la familia Flores Guerra (aunque en el informe no se detalla la familia).

La ASF encontró vínculos entre las empresas Coal de Sabinas, El Volcán Consorcio, Minerales Amarani y Minerales Don Chilo, las tres primeras creadas en 2019 y 2020.

“Hay relación y comunicación entre ellas, ya que existe personal que desempeñó distintos cargos (Representante Legal, Administrador único, Accionista y Comisario), así como de parentesco; asimismo, se identificó lo siguiente: Tres empresas Coal de Sabinas, S.A. de C.V., El Volcán Consorcio RC, S.A. de C.V., y Minerales Amarani S.A. de C.V., cuentan con el mismo domicilio fiscal”.

Semanario buscó a las empresas a través del correo electrónico registrado en la CFE, pero no hubo respuesta a la solicitud de una postura. También se visitó el domicilio registrado en el acta constitutiva o el registrado ante CFE, pero no se encontró personal.

Esta dinámica, explican especialistas como Juan Antonio López, coordinador del área de justicia trasnacional en el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), se ha permitido porque la Ley Minera es “escueta” y tiene muchas lagunas y vacíos, pues cualquier persona por el hecho de ser mexicano y tener la mayoría de edad, puede tener una concesión y explotar un bien de la nación sin que se investigue quién está detrás.

La entrega de concesiones mineras sin el mayor requisito o la facilidad para ceder las concesiones ha hecho que personajes de la política aseguren un negocio, afirma el abogado López.

Para la activista y directora de la organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach, la minería de carbón en Coahuila se trata de un control político: cuatro de las seis empresas que más dinero han recibido en contratos desde 2020, son mineras relacionadas con la familia Flores Guerra.

Los Flores Guerra, familia más beneficiada

De los más de 12 mil 807 millones de pesos que la CFE ha entregado en contratos para adquirir “carbón mineral térmico no coquizable” de acuerdo con una revisión hecha al Sistema Electrónico de Contrataciones de la CFE, más 3 mil 200 millones de pesos han ido para las empresas Minerales Don Chilo SA de CV, Minera Flores De La Carbonífera SA de CV, Minerales Amarani SA de CV, Coal de Sabinas SA de CV, El Volcán Consorcio SA de CV y la Sierra Minería y Transporte SA de CV, todas vinculadas con la familia Flores Guerra.

La empresa más beneficiada ha sido Minerales Don Chilo, la cual ha firmado contratos que suman mil 132 millones 354 mil 432.86 pesos en tres años.

Esta empresa de la región es de Antonio Flores Guerra, hermano de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra.

La alcaldesa era a su vez dueña de la empresa Minera Flores De La Carbonífera, creada el 19 de diciembre de 2017. En 2020 recibió un contrato de la CFE por 16 millones 548 mil 960 pesos y el 3 mayo de 2021, en plena campaña política para ser presidenta municipal, recibió por adjudicación directa el contrato CFE-0700-ADAAN-0009-2021 por 206 millones 146 mil 137.2 pesos. Sin embargo, tres días después de la asignación, Tania Vanessa Flores Guerra vendió su participación en la empresa (el 98% de la empresa).

A pesar de ser oficialmente dueña de la sociedad mercantil de diciembre de 2017 a mayo de 2021, y recibir en 2020 el contrato CFE-0700-ADAAN-0077-2020, Tania Vanessa Flores declaró no tener ingresos diferentes a su actividad política ni participación o cargo en sociedades, según su declaración patrimonial.

En la plataforma Declaranet Coahuila de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la última declaración patrimonial que aparece de la servidora pública es de 2020, pero no informó sobre tener otros ingresos, a pesar de que presume ser productora de carbón.

En 2021, para la campaña política a la alcaldía, Flores Guerra también ingresó una declaración patrimonial en la plataforma Candidatura Transparente, un ejercicio impulsado por asociaciones civiles y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) donde también negó tener otros ingresos y en su declaración de conflicto de interés negó ser parte de sociedades mercantiles.

Esta acción de la servidora pública se considera una falta grave de acuerdo al artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: “Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés”.

Como alcaldesa de Múzquiz, no hay pública una declaración patrimonial.

Sin embargo, aunque “oficialmente” Tania Flores Guerra solo tiene ingresos como presidenta municipal, su riqueza llegó al punto de proponer “prestarle” dinero al Ayuntamiento para atender los problemas de abasto de agua que enfrenta el municipio que dirige.

En un video publicado en su cuenta de Facebook el 20 de enero de este año, la presidenta dijo: “Estoy buscando la forma de cómo hacer un préstamo personal, tanto Tania Flores como de mi hermano Antonio Flores”, comentó.

De acuerdo con la diputada Luz Natalia Virgil Orona en una nota publicada por Vanguardia, esto no es permitido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Pero no es la primera vez que la familia propone apoyar al municipio. En otra ocasión, el hermano Antonio Flores declaró que buscaba apoyar a la administración de su hermana con la compra de patrullas para la policía.

Vanguardia intentó tener una postura de la CFE a través del departamento de Comunicación Corporativa, pero ni en los teléfonos de oficina ni con mensaje a su Coordinador hubo respuesta.

Funcionarios de Múzquiz, nuevos productores

En un año del gobierno municipal de Tania Flores, dos funcionarios de su administración se convirtieron en empresarios mineros: Liliana Isabel Ortega Benavides, quien fue directora de Turismo y David Rangel Morales, quien fue asesor jurídico del municipio.

De acuerdo con datos del Registro Público de Comercio (RPC), Liliana Isabel Ortega Benavides compró el 6 de mayo de 2021 las acciones de la sociedad Minera Flores De la Carbonífera que le pertenecían a Tania Flores.

Hasta hace unos meses, esta nueva empresaria minera todavía era directora de Turismo del municipio de Múzquiz que gobierna Tania Flores Guerra desde 2022.

En su currículo disponible todavía en el apartado de transparencia, Ortega Benavides no refirió ningún trabajo en empresas mineras, sino más bien en el área hotelera como gerente de recepción, ejecutiva de ventas y banquetes, y recepcionista de un hotel.

La alcaldesa también sumó a su administración como asesor jurídico a David Rangel Morales, según el directorio del Ayuntamiento publicado en el portal de transparencia.

Rangel Morales es un abogado que trabajó 16 años en la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (hoy Fiscalía General), donde inclusive fue delegado regional hasta el 2012. A partir de ese año, según el currículo disponible todavía en transparencia, instaló un despacho jurídico.

Pero nunca refirió algún historial como empresario del carbón.

David Rangel dejó de aparecer en la nómina como asesor jurídico del Ayuntamiento de Múzquiz en el último trimestre de 2022. ¿Por qué? Probablemente porque la CFE adjudicó de manera directa el 5 de diciembre de 2022, los contratos CFE-0700-ADAAN-0081-2022 y CFE-0700-ADAAN-0082-2022 a la empresa La Sierra Minería y Transporte S.A de C.V, creada en septiembre de 2021 por Rangel Morales, y a quien le entregó entre los dos contratos, 985 millones de pesos.

Cristina Auerbach critica que hayan entregado a este “administrador” de los Flores un contrato millonario cuando ni minas tiene. “Así no se puede”, lamenta.

Vínculos, observados por la ASF

La Auditoría Superior de la Federación encontró vínculos entre las empresas Coal de Sabinas, El Volcán Consorcio, Minerales Amarani y Minerales Don Chilo. La situación es la siguiente:

Minerales Amarani SA de CV, creada en 2019, ha recibido contratos que suman más de 275 millones. Esta empresa tiene como socios a Mariana Paola Marroquín y Juan Hernández Salazar. La primera es esposa de Antonio Flores Guerra y cuñada de la alcaldesa de Múzquiz.

La empresa fue creada en diciembre de 2019, pero ocho meses después recibió un contrato por más de 35 millones de pesos. Y en 2021 le adjudicaron directamente el contrato CFE-0700-ADAAN-0011-2021 por 240 millones 503 mil 832.72 pesos.

Según actas del RPC, Minerales Amarani tiene de comisaria a una mujer de nombre Claudia Dinora Garza Juárez, misma mujer que creó las empresas Coal de Sabinas y El Volcán Consorcio Rc, y después vendió sus acciones.

La empresa Coal de Sabinas fue creada en diciembre de 2019 y para 2020 ya había recibido un contrato por 26 millones 530 mil 51.50 pesos. Un año después vendió más carbón a la CFE. En total, esta empresa que es una de las más beneficiadas durante la actual administración, se ha embolsado 345 millones 369 mil 413.84 pesos.

Los socios actuales de esta empresa son Yolanda Villarreal González y Braulio Sóstenes Pérez Flores. La socia es, casualmente, también comisaria de la empresa El Volcán Consorcio Rc, SA de CV, creada en 2020 por Samantha Viridiana Barrera Treviño y Jesús Alberto Hernández García. Esta empresa ha vendido carbón por 239 millones 129 mil 519.15 pesos.

Además, un socio de Minerales Don Chilo, Alejandro Hernández Chávez, es también comisario de la sociedad Coal de Sabinas y fue en algún momento administrador único y accionista de Minerales Amarani.

Así mismo, Semanario logró confirmar que en algún momento Minerales Don Chilo de Antonio Flores Guerra y Minera Flores de la Carbonífera, que fue oficialmente de la alcaldesa de Múzquiz, presentaron el mismo domicilio ante la CFE según los oficios de adjudicación de la CFE en 2020.

En una nota informativa enviada a la ASF por parte del Departamento Jurídico de CFE Generación IV, esta se justifica al considerar que “la probable relación que pueda existir entre potenciales proveedores en contrataciones por medio de adjudicaciones directas no guarda relación alguna con la libre competencia que se genera entre oferentes”.

El Departamento Jurídico continúa en su justificación: “El que exista relación y comunicación entre proveedores no tiene ninguna incidencia en las contrataciones por adjudicación directa. La empresa contratante puede, más no está obligada legalmente a verificar la relación existente entre potenciales proveedores”.

No está obligada a verificar, pero sí a establecer “mecanismos que permitan prevenir, identificar, subsanar y sancionar actos u omisiones irregulares, ilícitos, negligentes o cualesquiera otros que en el marco de los procedimientos de contratación y de la implementación y ejecución de los contratos pudieran afectar o repercutir en la operación de las empresas (productivas de CFE)”, según el artículo 84 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

La realidad es que estos vacíos generan que se lucre con un bien de la nación, lo cual está prohibido por la Constitución, y genera también un coyotaje de la actividad minera, dice Juan Antonio López de ProDESC.

“Lo que pasa es que se da la oportunidad de tener intermediarios, donde se da siempre esta intervención de terceros que están ligados o que saben del negocio”, explica.

De hecho, de las 84 empresas a las que Semanario identificó que han asignado contratos de carbón, únicamente 37 aparecen en el Padrón de Sociedades Mineras inscritas en el Registro Público de Minería.

No hay nada en la ley que prohíba ceder, regalar, rentar o traspasar una concesión a otra persona. No hay ni siquiera la obligación de avisar o registrar ese arrendamiento con la autoridad.

La fracción VII del artículo 19 de la Ley Minera establece que se puede transmitir la titularidad de la concesión minera o los derechos a “personas legalmente capacitadas para obtenerla”.

“El que tiene derecho de explotación, puedo otorgársela por 20 años a otra empresa minera y después, regresa a mí. Eso está permitido, es más, no está regulado. Tiene solo los fundamentos del código civil porque es como un arrendamiento del territorio, no está regulado. Son las lagunas y lo mantienen así porque les conviene”, critica el abogado Juan Antonio López.

Para el especialista de ProDESC, la ley se ha mantenido así porque son los mismos políticos los que se benefician de tenerla escueta y con vacíos.

“Esta ley que tenemos está permitiendo que se mantenga la corrupción a altos niveles y altas escalas”, dice.

¿Compras con justicia social?

El Departamento Jurídico de CFE Generación IV, informó a la CFE que los contratos de adquisición de carbón mineral fueron por adjudicación directa, “por lo que no existe la libre competencia entre oferentes”.

Es parte de una política de “compras con justicia social” que CFE entiende como un apoyo del gobierno a pequeños productores de carbón de la zona, explica Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa.

El 24 de octubre de 2020, la CFE publicó en su página un comunicado titulado “CFE cumple instrucción presidencial: formaliza compra de carbón con 60 productores de la región Carbonífera de Sabinas, Coahuila”.

En la nota se presume que el 73% de las compras se adjudicaron a micro y pequeños productores.

Tres meses antes había publicado otro comunicado para anunciar la adquisición de carbón para impulsar la reactivación económica de la zona. También se resalta que las adquisiciones se hicieron con apego a “los principios instruidos por el presidente de México: cero corrupción, cero coyotaje, preferencia a pequeños productores, honestidad en la entrega del mineral y precios justos”.

Así es como empresas de reciente creación que se hacen pasar como pequeños productores, en realidad tienen vínculos con grandes productores… como con los Flores Guerra.

Para Ana Lilia Moreno de México Evalúa, esta instrucción del Ejecutivo es un vacío a la normativa porque el presidente de la República no es presidente del Consejo de Administración de la CFE.

“CFE la acató y no pasó por una liberación interna del consejo de administración, se acató la orden como si CFE fuera una secretaría de estado y no es así. CFE tiene un órgano de gobierno. Tienen que liberarse internamente, encontrar viabilidad, riesgos. Si es viable o no conveniente para la empresa, hay procedimientos a seguir”, comenta Moreno.

En 2021, México Evalúa publicó el estudio “Riesgos potenciales en materia anticorrupción de la CFE: El caso de la compra de carbón en Sabinas, Coahuila”. En el estudio se recalca que la CFE es una empresa productiva, cuyas decisiones deben tomarse para cubrir el objetivo principal de la empresa: la generación de valor económico y con responsabilidad ambiental.

“Las compras destinadas a sus actividades comerciales deberían atender a estos criterios y no a objetivos de política pública, como el desarrollo económico de una región del territorio mexicano, aun ante una situación extraordinaria como la pandemia”, refiere el estudio.

Para la investigadora Ana Lilia Moreno, se acató una orden presidencial y se forzaron los instrumentos internos de la empresa para cumplirla.

El 8 de diciembre de 2021, la CFE respondió al estudio de México Evalúa y, entre otras cosas, lo señaló de tener “fines propagandísticos”.

Sin embargo, Ana Lilia Moreno añade que también se hallan vacíos en el proceso normativo y su aplicación en la política anticorrupción, que determina que la prioridad debe ser la compra pública de insumos por medio de licitaciones o concursos abiertos.

En los mismos comunicados de CFE, se justifican las adjudicaciones directas a las empresas con base a una “perspectiva de justicia”, cuando el artículo 61 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad se pide privilegiar procesos competitivos para la adquisición de insumos y servicios necesarios para su operación.

“Fue para implementar esta metodología de repartición progresiva en beneficio directo de los productores, especialmente los micro y pequeños, que se contempló el mecanismo de adjudicación directa. Un concurso abierto provocaría que solo los grandes comercializadores y productores pudieran adjudicar un contrato, sin llegar esta política a los productores que más lo necesitan”, informó la CFE en su comunicado del 8 de diciembre de 2021 y que fue también una respuesta al estudio de México Evalúa.

Sin embargo, productores consultados que prefirieron el anonimato para este reportaje, aseguraron que esta estrategia lo único que ha logrado es fomentar el coyotaje y el surgimiento de más pocitos de carbón.

Lo que ha realizado la CFE en estos últimos años es convocar a los productores de la región, realizar un censo de potenciales proveedores, remitir un cuestionario a los posibles proveedores para conocer sobre la concesión, calidad de carbón, capacidad de producción y estatus ante instancias como el SAT, IMSS, Secretaría de Trabajo, entre otros. A partir de allí y después de supuestas inspecciones de verificación, se declaran a productores aptos a los que se les adjudican contratos.

Pero si la CFE hubiera investigado un poco hubiera encontrado, por ejemplo, que, su proveedor favorito, Antonio Flores Guerra, hermano de la alcaldesa de Múzquiz, es dueño de una sociedad mercantil que aparece en la lista definitiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de empresas con operaciones inexistentes, es decir, ‘fantasma’. Se trata de la sociedad Minera Don Chilo SA de CV (empresa diferente a Minerales Don Chilo que recibió los contratos).

“Ellos le llaman concurso, pero no se licita nada, es un listado de productores pequeños que se apuntan según una convocatoria”, critica Ana Lilia Moreno sobre el proceso de la CFE.

Para la especialista Moreno, eso representa un vacío en la normatividad porque no se cumple con un concurso formal, además de que no se justifica la excepción.

“Lo que se justifica es un machote, no hay un análisis profundo”, asegura.

Para la investigadora esto provoca de fondo una vulnerabilidad institucional de la CFE que pone en riesgo a la misma CFE. “Es provocada por no cumplir con los procedimientos y el marco jurídico, y que deriva en vidas humanas”, dice.

Estos vacíos mantienen intacto el negocio del carbón en la región que ha dejado más de 130 mineros muertos después de la tragedia de Pasta de Conchos. Y a pesar del compromiso de no repetición, nada parece cambiar en la actividad, señala la activista Cristina Auerbach.

Cambiar significaría apuntalar los procesos de verificación en donde se dé una investigación para dilucidar si los concursantes son empresas normales, transparentes, empresas fantasma, con conflictos de interés, con parentesco entre unos jugadores y otros o que se pueda prestar a múltiples actos de corrupción, comenta la investigadora Ana Lilia Moreno.

Además, señala que realizar adjudicaciones directas resulta en empresas con vínculos relacionados con intereses políticos, con personas políticamente expuestas que buscan hacer de estos contratos, mecanismos clientelares para otros fines como ganar una elección.

Aunque para la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, el posible uso de los contratos de carbón para financiar campañas, se justifica si es dinero “bien habido”.

“El dinero bien habido se puede utilizar como uno quiera porque es bien habido; son 20 años de ser mineros, y 10 años de licitar con Comisión Federal. Nada tiene que ver una cosa con la otra”, mencionó en entrevista.