FACETAS DE MÉXICO
Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
La pobreza e ignorancia de una parte importante de la población mexicana, que dio su voto en las pasadas elecciones federales a favor de “la 4-T”, sufragó sin meditar que las “reformas constitucionales” propuestas por el gobierno anterior –a cargo de Andrés Manuel López Obrador, y que “asumiría como suyas” la presidenta ganadora del partido Morena, Claudia Sheinbaum—afectarían de manera notable y abusiva el contenido social, jurídico, económico y político del país. Todo ello, en demérito de la Constitución Política de México.
Por lo pronto, los mexicanos debemos preocuparnos por los altos riesgos de conflicto en los Tratados Comerciales que México ha establecido en el plano internacional, entre ellos destaca el Tratado de Libre Comercio, T-MEC, firmado en su última versión, por el ex presidente López Obrador, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump (quien ha ganado nuevamente las elecciones en ese país), así como por el Primer Ministro de Canadá, Dustin Trudeau.
En pleno proceso de análisis y aprobación de las “reformas constitucionales, mandatadas por López Obrador”, el 5 de febrero del presente año, los diputados y senadores del Congreso se dieron a la tarea de “llegar al escándalo”. Primero, para lograr la “mayoría calificada”, en las cámaras de Diputados y de Senadores “sin reparar en gastos”.
En las sesiones, los legisladores hicieron “circo, maroma y teatro” (sin descontar francas ilegalidades, como el ofrecimiento económico a legisladores “y otras prestaciones políticas” a quienes cambiaran de partido y se sumaran a Morena. “Se animaron dos del PRD y dos del PAN”, los cuales fueron calificados como “traidores a la Patria”, por sus propios compañeros.
Es de señalar que, entre las reformas a la Constitución ya aprobadas por el Congreso de la Unión, destacan la desaparición o reubicación de dependencias federales mexicanas, entre ellas siete organismos autónomos, que son de vital importancia para el ejercicio democrático nacional, la cooperación comercial internacional (el T-MEC entre ellos) y la regulación de la vida democrática nacional, así como de la identidad de la población mexicana.
Se abre, además, la incertidumbre jurídica a falta de transparencia del ejercicio gubernamental que, en materia de energías, competencia económica y combate a la inseguridad, la eliminación de los órganos de control puede desembocar en el incumplimiento de las obligaciones comerciales de México con el exterior.
El Capítulo 18 del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, exige la existencia de un Organismo Regulador de Telecomunicaciones, que sea independiente e imparcial y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos en el sector.
Asimismo, el Capítulo 21 determina la obligación de contar con una autoridad de competencia responsable de la aplicación de la Ley, y dar trato no menos favorable a personas representantes de los países miembros.
Por lo tanto, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, deberá considerar los siguientes puntos:
1) Contar con una institución independiente, con autonomía técnica, cooperativa en cuanto a toma de decisiones y gestiones, con un servicio profesional propio que se encargue de la investigación y sanción de prácticas que afecten la competencia en los mercados.
2) Que los protocolos implementados por la COFECE, se adapten al mercado de Telecomunicaciones, en el escenario de una nueva institución antimonopólica, que asuma también las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
3) La regulación de los mercados de Energía e Hidrocarburos, el funcionamiento de los mercados energético y de hidrocarburos, estratégicos para la economía mexicana, requieren una regulación estrictamente técnica, que favorezca la competencia y la inversión.
4) Que el Capítulo 22 del T-MEC, incluya una disposición, con el propósito de atender la necesidad de garantizar que los organismos reguladores de empresas del Estado, en este caso Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ejerzan sus obligaciones de regulación, de manera imparcial. En este escenario, la desaparición de la autonomía, implica un riesgo para esta imparcialidad que exige el Tratado de Libre Comercio
