La Balanza y la Pluma
En la opinión de M.S.P.A. Karina Martínez Jiménez.
La Independencia Judicial como derecho de todo ciudadano de ser juzgado por un juez independiente e imparcial, que resuelva los conflictos sin injerencias y presiones externas, en el que la directriz y límite del juzgador sea lo que la propia ley establece, se encuentra en la actualidad en peligro por las injerencias e instrucciones que se dan a las personas juzgadoras para resolver de cierta manera los asuntos puestos en su conocimiento; sin embargo y para fortuna de muchos existen aún juzgadores honestos con principios y valores de justicia, que se resisten a ese tipo de injerencias a pesar que ello los coloca en riesgo de persecución y violencia laboral.
Lamentablemente el proceso de elección de juzgadores en el Estado, terminará con sepultar la Independencia Judicial, eliminando la carrera judicial, dado que la generación de jueces que en su momento accedieron al cargo bajo un arduo y estricto proceso de elección, sustentando y aprobando examen de conocimientos generales, especializados, exámenes prácticos, psicométricos y de perfil idóneo, que incluso han sido ratificados en el cargo por su eficiente desempeño, desaparecerán del Poder Judicial para ser sustituidos por los jueces que serán elegidos mediante voto popular el 01 de junio de 2025, por ello no ganará el candidato de carrera judicial, ni con mayor experiencia y conocimiento en la materia, será vencedor quien con su carisma y el agrado popular se beneficie con el voto de los votantes que acudan a la urna ese primer domingo de junio.
En la actualidad, para acceder al cargo de juez el Estado de Coahuila, es necesario presentar y aprobar el examen de méritos, que si bien hay excepciones pues existen algunos casos en que se accedió al cargo sin aprobar previamente el examen de méritos, lo cierto es que en su mayoría al cargo de jueces le precedió un examen de oposición, aunado que durante el ejercicio de dicha función se da una constante preparación académica, así como supervisión de sus actuaciones que contribuyen para alcanzar los principios de profesionalismo, legalidad, objetividad y honradez de la función judicial, debe recordarse que ningún aspirante a juez será sometido a la aprobación de un examen de conocimientos en la difícil y exigente función de impartir justicia, no es tarea sencilla, se resolverá sobre la libertad de una persona, la propiedad de un ciudadano, el derecho de convivencia de niños, la aprobación de adopciones, el pronunciamiento y reconocimiento de derechos laborales que han sido violados y a nivel federal, incluso se resolverá la violación de derechos fundamentales por parte órganos de poder, por ende requiere una constante preparación y amplia experiencia para resolver de forma adecuada, pronta, justa e imparcial los asuntos puestos en su conocimiento.
Es innegable que la corrupción es un mal que debe erradicarse en los espacios de gobierno, pero también lo es que en el caso del poder judicial, la elección de personas juzgadoras por voto popular pasa de ser el remedio, para convertirse en la enfermedad terminal que sepultara la Independencia Judicial con riesgo a incrementar los niveles de impunidad.
Imaginémonos, estimados lectores, que un aspirante al cargo de juez solicita el apoyo de determinado gremio para resultar victorioso en la elección de jueces, este candidato de resultar vencedor, tendrá un compromiso y predisposición de favorecer en su resoluciones a dicho gremio?, acaso esto no genera mayor impunidad y corrupción?, porque el juzgador resolverá en base a ese compromiso y no en su deber de aplicar estrictamente la ley, además se corre un alto riesgo que sus resoluciones no estén motivadas en la aplicación de la ley, sino en la aceptación publica, convirtiéndose en un juez que atienda a la opinión de la mayoría, al juicio mediático, a la opinión televisiva, a la versión de los medios de comunicación, un juez a modo en la opinión de la mayoría.
La Constitución Federal, establece que los estados tienen hasta el año 2027, para celebrar el proceso de elección de jueces locales, pero en Coahuila pareciera que existe prisa, ya que será en el 01 de junio de 2025, en que se llevará a cabo el proceso electoral de jueces, incluso en el mes de diciembre de 2024, el Congreso del estado de Coahuila, emitió la convocatoria para que el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo crearan a más tardar el día 3 de enero de 2025 los Comités de Evaluación, que serán los encargados de elegir, evaluar y calificar el perfil de los aspirantes a jueces y magistrados en Coahuila, para ello los aspirantes a dichos cargos deberán de registrarse en el periodo comprendido del 8 al 14 de enero de 2025.
En tanto que las personas juzgadoras que desempeñen actualmente dicho cargo en el Estado de Coahuila, deberán solicitar su incorporación al lista de aspirantes de forma directa en el periodo comprendido del 3 al 5 de febrero de 2025, o en su caso se considerara que han declinado su intención de participar en la jornada electoral, con independencia de su preparación, experiencia, conocimiento y antigüedad en el cargo, su permanencia quedara supedita a resultar ganadores en la elección del 01 de junio de 2025, en la que se elegirán a nivel estatal un total de trece magistrados del Tribunal Superior de Justicia, cuatro cargos de magistrados distritales y ciento diez cargos de jueces en diferentes material como penal, civil, mercantil, familiar y laboral.
Quienes resulten vencedores en la campaña electoral iniciaran sus funciones el 01 de agosto de 2025, fecha en la que las persona juzgadoras que encontrándose en funciones no hayan resultado electas, serán separadas del cargo.
Como podemos advertir el 01 de junio de 2025, no será la experiencia, el conocimiento, la preparación, ni la carrera judicial la que definirá la designación de un magistrado o juzgador en el estado de Coahuila, sino la popularidad y la simpatía que se vea reflejado en el voto, seremos testigos en el año 2025 de la última generación de jueces de carrera judicial y de la primera generación de jueces populares, será el tiempo quien otorgue la razón que la elección popular de jueces terminó por sepultar la independencia judicial que aun sobrevivía en algunos lugares de nuestro estado.
Me despido compartiendo un afamado brocardo que replicaba un estimado colega en los pasillos judiciales “el juez debe resolver sin esperanza y sin miedo” sin esperanza a recibir elogios, reconocimientos, admiración, por su función, pero también resolver sin miedo a que sus decisiones por no ser acorde a la opinión de la mayoría, sea objeto de represalias y persecución.
