Por Paula Villaseñor
Directora de Gobierno Efectivo / IMCO
En un país en el que la inseguridad pública se ha vuelto un monstruo incontrolable, y en pleno recuento electoral, la pregunta evidente es si, a pesar de la complejidad del monstruo y las limitaciones en recursos públicos, las autoridades pueden aplacar el problema y crear condiciones de prosperidad para la población. Coahuila demuestra que sí.
En años recientes, Coahuila ha ascendido meteóricamente en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) del IMCO para mantenerse en las primeras posiciones a nivel nacional. Este resultado no es producto del azar sino de la estrategia y coordinación de sus autoridades para reducir drásticamente sus niveles de inseguridad.
Entre 2015 y 2022, el número de homicidios dolosos en dicha entidad cayó en 49 por ciento, mientras que el número de carpetas de investigación en delitos contra el patrimonio en 47 por ciento (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP). De hecho, Coahuila se ha mantenido en la segunda posición del Subíndice de Derecho del ICE que mide la seguridad pública y jurídica en cada entidad.
La evidencia internacional señala claramente que mejorar la seguridad pública puede tener efectos en el crecimiento y desarrollo económico de un país, pero no siempre indica con la misma claridad cómo lograrlo. Coahuila bien podría responder que la unión hace la fuerza: en 2019, la entidad suscribió, junto con Nuevo León y Tamaulipas, el Convenio de Seguridad de la Región Noreste, conocido como Operativo Noreste, para poder atacar conjuntamente los problemas comunes de seguridad.
Pero Coahuila también podría contestar que, aun con los mismos recursos, siempre es posible mejorar. Mientras otras entidades gastan una fracción elevada de su presupuesto en seguridad sin obtener los resultados correspondientes, desde 2019 Coahuila ha logrado incrementar la disminución de su inseguridad, a pesar de ser la entidad del noreste que menos recursos destina para este propósito.
Justamente, el ejemplo de Coahuila es relevante para el resto del país, incluso más allá del ámbito de la inseguridad, porque muestra que la gestión pública hace la diferencia. El Operativo Noreste es un ejemplo de sistema integral de inteligencia que en la práctica aumenta las capacidades del Estado para aplicar la ley. Autoridades que se comunican, se organizan y se enfocan son autoridades que hacen su trabajo.
La configuración de las fuerzas policiacas de Coahuila también muestra que no siempre hay que tener más sino «tener que sirva»: si bien solo cuenta con 0.45 policías por cada mil habitantes, la entidad tiene uno de los cuerpos de policías más especializados del país (Modelo Óptimo de la Función Policial del SESNSP). La especialización de mandos es fundamental para combatir crímenes de alto nivel y contribuir a fortalecer el Estado de derecho.
Al consolidar su sistema de derecho, Coahuila también ha podido aprovechar al máximo su proximidad con Estados Unidos y potenciar sus relaciones con el mundo. No en vano actualmente ocupa, a nivel nacional, la segunda posición en el Subíndice de Apertura Internacional del ICE y la quinta posición en el Indicador de Inversión Extranjera Directa.
Por supuesto, Coahuila aún enfrenta retos no triviales en el control de su seguridad, como el avance del narcomenudeo. Pero, lo que ha logrado este estado es, sin duda, un ejemplo prometedor que puede y debe inspirar a otras entidades a transformar su realidad y, por ende, la de sus habitantes.
Publicado en Reforma.
