Por Karina Martínez Jiménez.
Con motivo de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, pudimos presenciar la humillante selección de candidatos a jueces por medio de una tómbola donde se sorteaban los nombres de los aspirantes a jueces, juezas, magistrados y magistradas federales, reglas que se impusieron para la designación de candidatos que al final no se respetaron, se admitieron candidatos sin experiencia judicial y de ética cuestionable, candidatos allegados a partidos en el poder, por otro lado vimos tanto a nivel federal como estatal la congruencia en valores de honorabilidad y respeto a la justicia en aquellas personas juzgadoras que se desempeñan como jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras, que decidieron declinar y no participar en la elección, pues es claro que las condiciones actuales no son ideales para una elección en condiciones de igualdad, por una campaña de acusaciones de corrupción en el que se generaliza el papel de los jueces sin procedimiento previo, sin derecho de réplica y de defensa, además de que en la campaña existen una marcada ventaja para aquellos candidatos que siendo funcionarios públicos en activo realizaron anticipadamente su campaña aprovechando el acceso a medios de comunicación y redes sociales oficiales.
Fue el pasado 30 de marzo de 2024 que inició en México la campaña para elegir 881 cargos federales de jueces, juezas, magistrados, ministros, además de 90 cargos de jueces y 16 magistrados locales en el Estado de Coahuila, la que tendrá una duración de sesenta días, a pesar de los múltiples amparos promovidos contra dicha reforma judicial y las suspensiones otorgadas por jueces federales para que no se continuara con el proceso electoral, desatendiendo dichas órdenes judiciales y las demandas ante organismos Internacionales por violaciones a independencia judicial, legalidad, estabilidad y remuneración laboral, no discriminación, violencia política entre otras violaciones a derechos humanos que podrían generar una responsabilidad del estado mexicano como ha sucedido es casos similares.
Como era de esperarse, ante la falta de exámenes de méritos eficaces y transparencia en la selección de perfiles idóneos, en el inicio de la campaña hemos observado candidatos que más allá de difundir su capacidad e idoneidad para el cargo que se aspira promocionan el nuevo perfil de juzgadores para obtener el voto con eslogan como “más preparado que un chicharrón”, “Dora la transformadora” “que no te hagan tuchu tuchi” “el señor justicia”, incluso comparando la actividad jurisdiccional con un partido de futbol; como si acceder al cargo de jueces fuera un paseo por un centro comercial en el que el folleto más llamativo se gana al cliente, pareciera esto una broma, pero lamentablemente es una realidad, así se elegirá a las personas juzgadoras en todo México y Coahuila no es la excepción.
¿En que momento se desmeritó la función del juez? ese juez que para aspirar al cargo debía tener previamente una formación profesional avalada no solo por licenciatura en derecho, sino por maestría y doctorado, con una infinidad de cursos y certificaciones, ese juez que imponía el respeto a la ley con su sola entrada a la sala de audiencias, no era su popularidad ni su carisma, sino su vasto conocimiento de la ley, su estricta aplicación, integridad y honorabilidad.
Lamentablemente vemos en las campañas que algunos candidatos no se interesan en difundir lo que la ciudadanía debe conocer, como por ejemplo su postura sobre temas de gran relevancia pública, como lo es el aborto, la prisión preventiva, la protección de grupos vulnerables, etcétera, porque recordemos que serán los candidatos que al ser electos resolverán en los tribunales los conflictos relacionados con guarda y custodia, alimentos, divorcios, adopciones, delitos, demandas laborales, etcétera y en materia federal los jueces y magistrados conocerán de amparos por violaciones a derechos por parte de autoridades, además de la inconstitucionalidad de leyes, entre otros, es decir tendrán en su manos la difícil tarea de impartir justicia y por ello conocer su postura es importante para detectar aquellos sesgos, prejuicios o desconocimiento de la ley al momento que tengan que resolver una decisión que se le presente en los tribunales.
En Coahuila basta con echar un vistazo a quienes iniciaron su campaña con antelación, a quienes tienen años militando en partidos políticos, a quienes no tienen ni un año de laborar en el Poder Judicial y carecen de experiencia, a candidatos cuyo desempeño profesional ha sido cuestionado, a diferencia de jueces en activo con años de experiencia, que a pesar de estar ratificados en el cargo y gozar de inamovilidad previa a la reforma constitucional, por congruencia con sus valores decidieron declinar y no participar en la elección judicial porque ello se contrapone a sus principios de justicia e imparcialidad, jueces que no comulgan con el perfil del juez popular, porque como lo ha referido la Relatora Especial de las Naciones Unidas Sobre la Independencia de Magistrados y abogados “al elegir a un juez mediante voto popular existe el riesgo de politización del acto de juzgar” y que el juez adquiera compromiso con su votante y no resuelva apegado a la ley, además de que el ser juez es una función que necesita muchas habilidades técnicas, conocimientos prácticos, y el remplazar a jueces de experiencia por jueces nuevos puede socavar la independencia judicial que es el derecho de todos a tener acceso a un sistema de justicia justo e imparcial. Esperemos que dentro de tanto candidato exista algún perfil que reúna los valores y principios del juez de mérito y carrera judicial que se pretende sustituir por el juez popular.
Por último, me despido recordando la frase “el juez debe resolver sin esperanza y sin miedo”, sin esperanza a recibir reconocimiento por la función realizada, pero también sin miedo a ser sancionado por su actuar cuando no es del agrado de la mayoría, porque de resolver con miedo y esperanza será motivado por intereses ajenos a la justicia y eso a ninguna sociedad le conviene, todos merecemos un tribunal que resuelva de forma imparcial los conflictos puestos en su conocimiento.
