Josué Rodríguez
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 9 de marzo de 2026. – Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el diputado local Guillermo Ruiz Guerra presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 221 del Código Penal de Coahuila, ampliando las sanciones contra la sustracción, retención u ocultamiento de menores dentro de conflictos familiares.
La propuesta legislativa, respaldada por la “Alianza Coahuila”, plantea que esta conducta pueda ser sancionada cuando sea cometida por el padre o la madre, independientemente de que exista matrimonio entre ellos. Actualmente, la norma solo aplica cuando el responsable es el cónyuge, lo que deja fuera a muchas familias con estructuras distintas.
En su exposición de motivos, Ruiz Guerra subrayó que el derecho de niñas y niños a vivir en familia está reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo.
“La familia es el espacio fundamental para el desarrollo integral de las niñas y los niños, por lo que cualquier acción que los coloque en medio de conflictos entre adultos representa un daño emocional y psicológico que puede afectar su desarrollo”, señaló.
La iniciativa contempla sanciones de dos a seis años de prisión y multas de 100 a 500 días para el padre o madre que sustraiga, retenga u oculte a un hijo menor con el fin de presionar al otro progenitor. Se prevé una reducción de la pena si el menor es devuelto voluntariamente en un plazo de 24 horas.
Contexto Nacional
La propuesta de Coahuila se suma a una tendencia nacional de reformas en materia penal para proteger el interés superior de la niñez:
Tlaxcala (enero 2026): Se presentó una iniciativa para reformar el artículo 264 del Código Penal estatal, ampliando las sanciones contra la sustracción y ocultamiento ilícito de menores, incluso cuando los responsables sean progenitores o familiares.
Congreso Federal (noviembre 2025): Se aprobaron reformas que endurecen las penas en delitos relacionados con la corrupción de menores y crimen organizado, aumentando las sanciones hasta en una mitad.
Cámara de Diputados (marzo 2026): Se discutieron medidas para homologar criterios en todo el país, cerrando vacíos legales que dejaban a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Impacto de la Reforma
Protección integral: Reconoce la diversidad de estructuras familiares y evita que el estado civil de los padres limite la aplicación de la ley.
Armonización jurídica: Se alinea con principios constitucionales y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Prevención de violencia emocional: Busca frenar prácticas de manipulación en separaciones y divorcios que afectan directamente el bienestar de los menores.
Con esta iniciativa, el Congreso de Coahuila se coloca en sintonía con otros estados y con el debate nacional, reforzando el marco jurídico para garantizar que niñas y niños crezcan en un entorno familiar seguro, libre de violencia y de conflictos entre adultos.
