La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) expresó su respaldo al recién anunciado Plan Nacional de Comercialización Justa, Directa y Sustentable del Maíz, al considerarlo un avance fundamental en el fortalecimiento del campo mexicano. Sin embargo, también lanzó un llamado urgente a institucionalizar este tipo de iniciativas a través de una ley que brinde estabilidad a largo plazo.
Agustín Espinoza Lagunas, secretario general de la COUC en el estado, destacó que el enfoque del programa en asegurar un precio superior a los seis mil pesos por tonelada para los pequeños productores representa un paso necesario para dignificar el trabajo de miles de campesinas y campesinos. Señaló que esta medida es congruente con los objetivos de la Cuarta Transformación en materia de autosuficiencia y soberanía alimentaria.
“Valoramos el esfuerzo del Gobierno de México y de la Secretaría de Agricultura por atender una problemática estructural que ha mantenido en incertidumbre a nuestros productores: la falta de articulación entre producción, acopio y consumo, así como la escasez de servicios técnicos y financieros”, expresó Espinoza Lagunas.
No obstante, subrayó que la preocupación principal de la organización es que el plan no se quede como una acción de coyuntura o limitada a un sexenio, como ha ocurrido con otras políticas públicas que, pese a sus buenas intenciones, no lograron perdurar por falta de un respaldo legal firme.
“Desde la COUC insistimos en que estos mecanismos de comercialización justa deben plasmarse en una ley que garantice certeza a largo plazo para los productores de granos como el maíz, el sorgo y el trigo. Solo así se asegurará que un porcentaje justo del producto final llegue directamente a quienes trabajan la tierra”, añadió.
En ese sentido, Espinoza propuso retomar y fortalecer la iniciativa de una legislación similar a la Ley Cañera, que ha brindado estabilidad al sector azucarero, pero adaptada a las condiciones y necesidades de los productores de granos. Afirmó que dicha ley debe abarcar tanto a quienes practican la agricultura de subsistencia como a quienes se dedican a la agricultura comercial, enfrentando también grandes desafíos en la cadena de comercialización.
El líder campesino llamó a las autoridades federales y al Congreso a considerar seriamente esta propuesta para que el Plan Nacional de Comercialización Justa del Maíz no quede como una buena intención, sino que se traduzca en derechos protegidos por la ley.
“La verdadera transformación del campo llegará cuando estas políticas se conviertan en derechos inalienables. Estamos listos para colaborar en la construcción de ese marco legal que tanto necesita el campo mexicano”, concluyó.
