Por Christian Galarza
Accidentes laborales, muerte de trabajadores, clausuras, sanciones, opacidad e inconsistencias en las verificaciones de la Secretaría del Trabajo, así operó durante los últimos siete años la mina Real de Ángeles Unidad San Felipe, misma que en diciembre pasado fue cerrada sin una explicación a los empleados, sin que se les diera un finiquito a al menos 38 de ellos, y sin que pagara impuestos prediales, de acuerdo con testimonios recabados para este reportaje e información obtenida mediante solicitudes de transparencia.
La Mina Real de Ángeles Unidad San Felipe, ubicada en Baja California, cerró sus puertas en diciembre de 2022, luego de haber estado envuelta en polémicas por sus condiciones laborales e incluso muertes de trabajadores en sus instalaciones, sin que algunos de estos fallecimientos quedaran registrados en los archivos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), según documentos obtenidos por transparencia.
Entre 2017 y 2022 ocurrieron al menos 17 accidentes laborales donde fallecieron cinco trabajadores, de acuerdo con información obtenida vía transparencia, bitácoras de ex empleados y registros de notas periodísticas.
De los cinco obreros que fallecieron, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo reportó dos, uno en 2017 y otro en 2019, según una respuesta brindada por la Plataforma Nacional de Transparencia en la que le fue solicitado a la dependencia información de las muertes ocurridas entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2022.
Sin embargo, los trabajadores denunciaron otra muerte ante los medios de comunicación en 2019; y la Fiscalía General del Estado de Baja California abrió carpetas de investigación por otros dos fallecimientos en la mina en 2021 y 2022.
Además, de los 17 accidentes, cinco de estos ocurrieron en 2020 y tampoco fueron registrados por ninguna autoridad, pero los trabajadores levantaron bitácoras reportando los hechos, como consta en el documento proporcionado por Joaquín Salazar, quien fue supervisor de área en la Mina y brindó su testimonio para esta investigación.
A los accidentes y muertes, se sumaron las denuncias de trabajadores, quienes de manera reiterada señalaron que no tenían condiciones de seguridad para extraer el oro y plata de la mina e incluso entraron en un paro de labores, lo cual fue cubierto por medios de la localidad.
Debido a estas denuncias, la STPS realizó 12 inspecciones en la mina entre 2016 y 2022, en las cuales instruyó en siete ocasiones medidas de seguridad y salud para los trabajadores. Sin embargo, la empresa acató sólo una de las medidas exigidas.
Además, luego de una inspección realizada tras el último fallecimiento en la mina, en abril de 2022, la autoridad federal ordenó la restricción de acceso a los polígonos subterráneos de trabajo Esmeralda Centro, Creston, Sinai, Area 600 y Cantil Norte por el riesgo que representaban dichas áreas.
En diciembre de 2022, cuando se venció el permiso de operación, la empresa anunció ante los trabajadores el cierre de facto del lugar. Los empleados se manifestaron en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) al asegurar que, para evitar indemnizaciones, la empresa les dijo que si querían conservar su trabajo, debían trasladarse a otra mina ubicada en el estado de Aguascalientes.
Minera Real de Ángeles, en San Felipe, Baja California. Crédito: Sergio Caro.
La historia de la mina
La Mina Real de Ángeles inició operaciones bajo el nombre de Proyecto San Felipe el 10 de diciembre de 1993, promovido por Compañía San Felipe, S.A. de C.V., empresa subsidiaria de Minera Frisco, la cual es propiedad del empresario mexicano Carlos Slim Helú, según consta en la página de la empresa en el apartado de inversionistas.
Está ubicada a 123 kilómetros al sureste de la ciudad de Mexicali, dentro del ejido Plan Nacional Agrario. El proyecto integral de la minera abarca una superficie de 2 mil 377 hectáreas.
El proyecto San Felipe incluía la explotación subterránea para la extracción de oro y plata mediante el proceso de cianuración dinámica o lixiviación dinámica.
Entrada a Minera Real de Ángeles, en San Felipe. Crédito: Sergio Caro.
Debido a la caída del precio en el mercado de los metales, en el año 2001 la empresa Compañía San Felipe S.A. de C.V. cerró todas las operaciones productivas. Nueve años después, en 2010, obtuvo permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para dos nuevos proyectos de extracción en el lugar que ahora se conoce como Mina Real de Ángeles.
Para su operación, la mina debió cumplir también con las normas de seguridad que marca la STPS, con las que se busca que las personas que trabajan en el lugar tengan condiciones óptimas para su labor.
La Mina Real de Ángeles constaba, según su Manifiesto de Impacto Ambiental, de 12 polígonos, 10 corresponden a áreas de trabajo subterráneas y dos a cielo abierto.
Ricardo (nombre ficticio de un trabajador que pidió permanecer en el anonimato por miedo a represalias), dijo que para 2022 laboraban en 14 zonas de explotación. Los principales lugares de extracción eran conocidos como Creston, Sinaí, Moctezuma, Robbins, Cantil norte, Cantil sur, Veta falla, 600, Espejos, 600 west, Esmeralda sur, Sur sur, 612 y Esmeralda Centro.
Gráfica de muertes y accidentes no fatales en la Minera Real de Ángeles.
Accidentes y muertes no quedaron registrados ante STPS
Como ya se mencionó, de acuerdo a una solicitud de información, la STPS registró nueve accidentes al interior de la mina, de 2016 a 2019, y dos obreros murieron derivado de estos percances, uno el 21 de agosto de 2017 y otro el 21 de mayo de 2019. No obstante, los medios locales reportaron otros fallecimientos que no quedaron plasmados en los archivos oficiales.
El obrero que murió en mayo de 2019 se llamaba Hiram de Jesús Rodríguez, de 22 años; se encontraba en la zona de extracción subterránea Cantil Norte cuando una roca se desprendió y cayó sobre él. Éste caso sí quedó registrado ante la STPS.
Medios de comunicación registraron un accidente más, en abril de 2019; en el que murió Luis Enrique Macías Pérez, de 41 años, al caer de un acantilado.
Asimismo, el 13 de septiembre de 2021 José Alberto Espinoza de la Cruz de 29 años falleció y Juan Carlos Ontiveros de 52 años resultó lesionado, tras un derrumbe en la mina.
Otro accidente mortal ocurrió el 9 de abril de 2022 en el polígono Esmeralda Centro; ahí Juan Miguel Álvarez Fernández, de 38 años, originario de Durango, falleció; Santos Arcadio Morales Pérez de 40 años de edad, de Hidalgo, sufrió una herida en el cráneo frontal y una contusión en el hombro derecho, pero sobrevivió.
Ninguno de estos últimos tres accidentes donde fallecieron trabajadores entre 2019 y 2022, los reportó la STPS, pero sí dieron cobertura medios de comunicación locales.
Yenner Geovanny Reyes Castro, quien fue supervisor en el área de extracción que se conoce como Planta Dinámica entre 2019 y 2022, aseveró que en el polígono Esmeralda Centro, donde ocurrió el derrumbe que acabó con la vida de Juan Miguel en 2022, los directivos de la empresa culparon a los operadores, por no “amacizar” (compactar) correctamente el terreno.
No obstante, Reyes Castro señaló que la empresa debió haber realizado un “mapeo geológico” para conocer el tipo de rocas sobre las que excavaron, ya que -aseguró- dicha área no era la adecuada para ser amacizada, y aún así ordenaron realizar el procedimiento.
“No lo hicieron (el mapeo) y había muchos puntos en donde había granito y no es posible estabilizar el terreno”. Añadió que esta característica que viene señalada en la NOM-023-STPS-2012, pero no la tomaron en cuenta, “para ellos era producir y no importa el que se muera”, manifestó.
“A cada área (polígono de extracción) se le entregaba cierta cantidad de gastos, pero con tal de reducirlo, siempre evitaban meter gasto”, manifestó Yenner Geovanny Reyes Castro.
La NOM-023-STPS-2012 que regula las condiciones de seguridad y salud en las minas subterráneas establece en el apartado 8.1 que antes de la realización de los trabajos se deberá contar con estudios geotécnicos, de mecánica de rocas o de mecánica de suelos, y geológicos, a fin de localizar las fallas y evitar derrumbes.
A pesar de estas condiciones, la STPS sólo aplicó tres sanciones a la empresa; una donde le impuso una multa de 48 mil 360 pesos, aunque para 2020 la mina registró ingresos de 10 millones 155 mil pesos.
De las dos restantes no se sabe el acuerdo al que la institución llegó con la empresa, porque sus dictámenes fueron reservados 5 años por el Comité de Transparencia de la misma Secretaría.
Respecto al accidente donde murió Juan Miguel, y el de septiembre de 2021 donde murió José Alberto Espinoza, la Fiscalía General del Estado de Baja California abrió dos carpetas de investigación.
La de 2021 fue por los delitos de lesiones y homicidio, pero meses después fue archivada y no se determinó delito alguno.
La investigación del accidente de 2022 también fue por el delito de homicidio y para abril de 2022 (cuando ingresó la solicitud de información por transparencia), aún estaba bajo investigación.
No sólo fueron las muertes, hubo otros accidentes no fatales que no reportó la STPS, ni la Fiscalía del Estado o las policías municipales de Mexicali y San Felipe. Joaquín Salazar, proporcionó para este reportaje las bitácoras de cinco de estos accidentes que ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2020.
De los accidentes reportados por Joaquín a los directivos de la empresa, tres ocurrieron en el polígono de trabajo Crestón, y otro en Cantil Sur. Los otros dos accidentes ocurrieron en las zonas Esmeralda Centro y Cantil Norte.
En uno de los eventos registrados en el polígono Crestón el 21 de noviembre de 2020, una roca de cerca de 20 kilogramos cayó sobre el pie derecho de uno de los mineros mientras éste movía una escalera.
A pesar de que estos eventos no están registrados por las autoridades en las respuestas a las solicitudes de información que se hicieron para este reportaje, los polígonos Esmeralda Centro, Creston, Sinai, Area 600 y Cantil Norte fueron clausurados por la STPS federal en abril de 2022. Según información revelada en otra solicitud.
Ricardo aseguró que sólo los polígonos Sinaí, Creston y Cantil Norte, representaban entre el 60 y 70 por ciento de la producción total de la mina.
“Las otras minas no las cerraron porque no estaban trabajando. Si hubieran estado trabajando las cierran todas”, aseveró.
Ricardo explicó que luego del accidente de 2021 “cuando ellos (STPS) estaban ya cerrando el tema, pum, les cae el otro fatal (en abril de 2022). ¿Por qué? Por las condiciones”.
El cierre de las áreas de extracción ocurrió ocho meses antes de que la empresa anunciara, el 1 de diciembre de 2022, el fin del trabajo en la mina.
Cerca de 38 empleados a los que no les notificaron previamente esta decisión, denunciaron a la empresa ante la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet), que no se les dio opción de un finiquito.
Aviso de cambio obligatorio de lugar de trabajo entregado a los trabajadores previo al cierre de la mina. Crédito: Christian Galarza.
Reclaman condiciones laborales precarias
Además de los accidentes y muertes, la cotidianidad laboral de los trabajadores mineros era precaria: sin ventilación adecuada, en medio de detonaciones, y sin máscaras filtradoras de gases tóxicos, de acuerdo a seis testimonios recabados para este reportaje.
Ricardo narró que en agosto de 2021 una ingeniera le ordenó entrar a una zona de trabajo subterránea, pero cuando se introdujo, una corriente de aire caliente lo impactó, provocando que se sofocara. En ese momento, los ingenieros le ordenaron salir del lugar y logró llegar con ellos.
Según ordena la NOM-023-STPS-2012 en el apartado 8.4, las minas subterráneas deben contar con ventilación como parte de las reglas de mantenimiento y operación del sistema que permite la oxigenación de las minas que son subterráneas.
En el apartado 8.4.4, establece que el sistema de ventilación en las minas subterráneas deben suministrar al interior un volumen de aire de 1.5 metros cúbicos por minuto por cada trabajador y, 2.13 metros cúbicos de aire por minuto por cada caballo de fuerza de la maquinaria accionada por motores de combustión diesel que se usan para las labores al interior de la mina.
También debe tener instalada tubería de ventilación de emergencia que permita una descarga continua de aire comprimido. Toda la instalación -señala la norma- se debe supervisar diariamente para que no se mezcle el aire limpio que entra a la mina, con el aire viciado de salida y, que los sitios en donde se instalen, se mantengan libres de materiales combustibles.
El abogado Fernando Rosales Figueroa indicó que, en efecto, la norma especifica que las minas subterráneas deben tener una buena ventilación debido a que al interior no debe haber aire que contamine los pulmones de los trabajadores.
Ricardo agregó que al interior de la mina Sinaí, donde estaba ubicada la bomba de extracción de cianuro, constantemente caían rocas mientras había mineros al interior.
“Entrabamos a Sinaí, a un lugar a mero abajo donde está una bomba, para repararla, y estando la bomba ahí no podías caminar porque en el camino ‘¡tra! ¡tra!’, unas piedrotas. Algo feo. Estando ahí y se escucha cuando caen. Mucha inseguridad”, expresó Ricardo.
De acuerdo a la norma, la empresa debería sostener y fortificar los techos en las minas para evitar derrumbes. También, estaba el constante contacto con químicos tóxicos.
Yenner Reyes Castro, ex supervisor del área de extracción, comentó que durante el proceso de lixiviación en el área de separación de metales, estaban expuestos a cianuro, una sustancia utilizada para la extracción de oro y plata en la minería.
Aún en estos casos -señaló- las mascarillas que la empresa les proporcionaba eran para polvo y no para gas, por lo que no impedían que inhalaran vapores tóxicos.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), el cianuro se metaboliza en el hígado; algunos de los síntomas por intoxicación por cianuro son sensación de quemazón interna y ahogo, vértigo, náusea, vómito, debilidad, dolor de cabeza, ebriedad, aumento del ritmo respiratorio, arritmia cardíaca y rigidez en la mandíbula.
“El cianuro, al estar presente en el cuerpo humano, afecta a las células, impidiendo que el oxígeno llegue a los diferentes órganos que más lo necesitan, como el cerebro o el corazón, provocando parálisis respiratoria o convulsiones”, señala el OCMAL.
Reyes Castro indicó que algunas personas que laboraron en el área de fundición, donde fundían el mineral que se obtiene posterior al proceso de lixiviación, llegaron a presentar altos niveles de plomo en la sangre.
En ese sentido comentó que uno de los trabajadores, el cual fungió como supervisor de esa área, sufrió de una coloración negra en las manos, debido a las labores que desempeñó. Por estas condiciones, los trabajadores del área de fundición fueron liquidados en un corto periodo de tiempo, mencionó.
Reyes Castro aseguró que en estas áreas donde están expuestos a la intoxicación las carencias en el equipamiento se debían a que los jefes de área no querían gastar dinero en los recursos que se requerían.
“A cada área se le entregaba cierta cantidad de gastos, con tal de reducirlo, evitaban meter gastos”, detalló.
Además, los mineros debían bañarse con aguas residuales, lo que provocó que muchos de ellos sufrieron erupciones en la piel, como ampollas.
En las ocasiones en las que los trabajadores debían pernoctar dentro de las instalaciones de la mina, dormían sobre “pailas” -o bases de madera-, en cuartos plagados de garrapatas y sin ventanas.
Según el libro “Así se ve la minería en México”, publicado en 2022, la actividad minera produce polvo o polvillos tóxicos constituidos por metales pesados que son absorbidos por animales y seres humanos.
“La exposición a estos metales pesados y su presencia en la sangre pueden causar enfermedades dermatológicas, oftalmológicas, respiratorias, neurológicas; abortos o partos prematuros, malformaciones en bebés, entre otros”, señala el libro.
En ese sentido, los autores señalan que las autoridades federales deberían prohibir las minas de tajo a cielo abierto y en las que utilizan cianuro en el proceso de lixiviación, ambos implementados en la Mina Real de Ángeles. Esto para evitar la destrucción de los ecosistemas y daños a la salud de los pobladores de las comunidades afectadas por la minería.
En mayo, un mes después del último fallecimiento en la mina en abril de 2022, cerca de 70 mineros entraron en paro laboral denunciando las condiciones laborales, hostigamiento laboral y la falta de pago de utilidades.
La manifestación culminó tras 20 días de protesta, luego de que los trabajadores alcanzaran un acuerdo con la empresa.
Protesta de trabajadores en Minera Real de Ángeles, en San Felipe, Baja California. Crédito: Christian Galarza.
Multas mínimas, expedientes reservados e inconsistencias en inspecciones
La Secretaría reservó por cinco años el motivo de dos sanciones que impuso a la mina y los expedientes 231.1S.15.00034.2022 y 231.1S.15.00036.2022, los cuales podrían explicar las irregularidades detectadas.
Sin embargo, hay inconsistencias en los reportes que la institución dio para este reportaje; por ejemplo, detalla que impuso dos sanciones en 2022, aún cuando no proporcionó información sobre accidentes en ese año, ni en el anterior, pese a que se le solicitó.
En otra solicitud de información la STPS reportó haber realizado 12 inspecciones entre septiembre de 2016 y diciembre de 2022, ocho en materia de seguridad e higiene y cinco sobre condiciones generales de trabajo.
Según dicha solicitud, del total de inspecciones, sólo en siete la autoridad federal emitió recomendaciones de medidas de seguridad y salud en el trabajo, pero la mina cumplió sólo una de estas y dos más quedaron pendientes.
En dos de las inspecciones la STPS dictó medidas correctivas o preventivas. Entre ellas el cierre de los polígonos Esmeralda Centro, Creston, Sinaí, Area 600 y Cantil Norte. Medida aplicada cuatro días después de la muerte de Juan Miguel, el 13 abril de 2022.
Otra de las inspecciones fue realizada el 14 de septiembre de 2021, un día después del derrumbe en donde falleció José Alberto Espinoza. En este caso la Secretaría no aplicó ningún tipo de sanción y las medidas de seguridad dictadas no fueron acatadas.
En 2019, año en que fallecieron Hiram de Jesús Rodríguez y Luis Enrique Macías Pérez, la autoridad federal reportó dos inspecciones realizadas más de tres meses después de dichos fallecimientos, el 3 de septiembre. En ningúna de estas la STPS aplicó medida o sanción alguna, según sus propios reportes.
El 24 de agosto de 2017, tres días después del primer fallecimiento en la mina reportado por la STPS, la institución realizó otra inspección, pero en esta tampoco aplicaron sanciones o medidas correctivas.
En el caso de las multas económicas, y exceptuando la información de las dos que fueron reservadas por 5 años, sólo se aplicó una sanción económica el 18 de junio de 2018 por un monto de 48 mil 360 pesos.
Minera Real de Ángeles en San Felipe, abandonada. Crédito: Sergio Caro.
Cierre de la minera y deudas
El 28 de noviembre de 2022 la minera Real de Ángeles notificó a sus empleados de confianza (que no pertenecen a ningún sindicato) que la empresa cerraría y les exigió firmar su transferencia a otra mina en el estado de Aguascalientes para evitar su liquidación, en protesta por esta decisión, al día siguiente los empleados acudieron a las instalaciones de la Procuraduría Federal del Trabajo (PROFEDET) para denunciar los hechos. Esto quedó documentado en notas periodísticas.
Sebastián, nombre ficticio de uno de los voceros de los trabajadores que prefirió mantener su anonimato debido a que mantiene una demanda laboral contra la mina, indicó que debido a la falta de respuesta de la Minera, cerca de 38 denuncias procedieron contra la empresa, se trata de empleados contratados bajo el régimen conocido como “de confianza”, y que no están afiliados a ningún sindicato.
Mencionó que aún cuando eran más los trabajadores que iniciaron con los trámites de demanda laboral, la empresa logró llegar a acuerdos con algunos que llevaban menos tiempo trabajando ahí, ya que el recurso para liquidarlos era menor.
Además, Yenner Reyes Castro, ex supervisor de área, comentó que ante el cierre de la empresa a él le ofrecieron 5 mil pesos por firmar su renuncia, oferta que rechazó y demandó a la empresa.
En una solicitud realizada a PROFEDET pidiendo el número de asesorías prestadas a trabajadores contra la mina, la dependencia reportó sólo 17 entre 2021 y 2022, todas ellas concluídas. Omitiendo mencionar las asesorías que aún permanecen abiertas.
De estas, nueve fueron por despido injustificado, cinco por rescisión imputable al patrón, dos por vacaciones y una por diferencias (aclaraciones).
El funcionario municipal señaló que la empresa dejó una deuda con San Felipe de alrededor de 110 millones de pesos debido a que no realizaron el pago del impuesto predial correspondiente al 2022.
Además, Dagnino López indicó que los contratos de uso de suelo entre el ejido Plan Nacional Agrario y la minera vencieron en 2019, por lo que la minera trabajó en tierras ejidales por casi tres años sin permiso.
“Quieren (los ejidatarios) renovar los permisos y llegar a acuerdos nuevos que beneficien a ambas partes. Han tenido años de negociaciones y no han logrado llegar a un acuerdo (…), esos contratos que habían, pues, la verdad están muy desproporcionados en relación al beneficio del ejidatario que, finalmente, son los dueños de las tierras” expresó.
En ese sentido, indicó que los dueños de las tierras ejidales recibían apenas entre 30 y 40 pesos al día por el uso minero de dicho territorio.
“Yo creo que, por sentido común, lógica, pues no es una cantidad que le permita tener una ganancia o un beneficio efectivo a una familia que está permitiendo que haya una explotación de esa naturaleza en unas tierras donde se encuentra una mina de oro”, manifestó.
José Luis Dagnino López, Presidente del Concejo Fundacional de San Felipe, Crédito: Sergio Caro.
Sobre el uso de las aguas nacionales que la mina Real de Ángeles utilizó en su periodo de operación, el autor de este reportaje buscó información vigente sobre la concesión de la minera número 01BCA100171/04FMOC07, otorgada por CONAGUA para la utilización de pozos de agua.
Dicho número de título no aparece en el sistema de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. Así como tampoco arroja resultados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
En el último reporte anual emitido a través de la Bolsa Mexicana de Valores por Minera Frisco -a la que pertenece la mina Real de Ángeles-, detalla que en 2022 la empresa reportó ventas netas hasta por 12 mil 665 millones de pesos. Asimismo, determinó una utilidad de operación de dos mil 333 millones de pesos, un incremento de 67.6 por ciento contra la reportada en 2021 de mil 391 millones.
Sin embargo, según Google, los precios por acciones de la empresa se redujeron un 28.39 por ciento en los últimos cinco años. Cotizando a 2.8 pesos al 16 de mayo de 2023.
Para conocer la postura de los directivos y propietarios de la Minera Real de Ángeles, se enviaron tres correos electrónicos, al que indica la páginas web del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), al proporcionado en Encuentren.me, y a través de la página de contacto en carlosslim.com. Ninguna de las tres peticiones obtuvieron respuesta.
Asimismo, el reportero llamó en dos ocasiones al número de contacto localizado en el portal Encuentren.me, en ambas contestó una persona que dijo trabajar como guardia de seguridad en la mina. Sin embargo, se rehusó a proporcionar su nombre y a enlazar la llamada con el encargado en turno.
Finalmente, el reportero intentó contactar a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el fin de obtener su postura sobre la información que proporcionaron por transparencia, pero no hubo respuesta. El reportero intentó contactar a las autoridades mediante tres números de teléfono distintos incluyendo el teléfono personal de Marath Baruch Bolaños López, titular de la dependencia. Sin embargo, en ninguno de los números fue posible obtener respuesta o apoyo de algún operador. Además, en las oficinas de Tijuana tampoco contestaron.
