Por Guillermo Robles Ramírez
Es un hecho que algo está fallando en el combate contra la delincuencia organizada, pues se tardan más los cuerpos policiacos en aprehender a alguien relacionado con esos delitos que, en recuperar su libertad, quedando en evidencia y en vergüenza la función de los ministerios públicos lo mismo del fuero común que federal, además del desgaste y pérdida de tiempo de la policía, o cuerpos de seguridad especializada como las existe en Coahuila.
En la Entidad existe agrupaciones de seguridad, está la Policía Civil, encargada de fortalecer la relación entre la población con pláticas en escuelas de todos los niveles educativas; Policía Especializada, su función de atender delitos de fuero común en base de investigación, y la Policía de Acción y Reacción son quienes previenen de los delitos de alto impacto en el tema de armas ilegales, marihuana, cocaína, o cualquier sustancia altamente tóxica e ilegal, y que tanto éste grupo de seguridad y el segundo mencionado lo ponen a disposición del Ministerio Público del fuero común o federal.
Es aquí donde viene la crítica en cuando son atrapados y puesto a las autoridades correspondientes para que sean procesados, los ciudadanos se cuestionan si de que algo malo pasa, es definitivo y no hay duda. Las Procuradurías y Fiscalías de la República, sean locales o federal, no importa, el resultado, el mismo, califican de negligente la función o resolución improcedentes de aquellos jueces que ponen en libertad a narco, sicarios, secuestradores, vendedores de drogas, consumidores de ésta, pateros o “polleros”, tratantes de blancas, explotadores de sexo infantil, así como falsificadores de documentos y tarjetas de plástico bancarias, etc.
El argumento dado por esos jueces es que no encontraron pruebas o evidencias, como también la detención violatoria a los Derechos Humanos, para sustentar un auto de formal prisión y llevar a juicio y sentencia a los acusados y responsables de delitos mencionados líneas arriba; o en su defecto durante el proceso o en el amparo terminan libres.
Cuando se registra la liberación de un detenido, las procuradoras de justicia estatales y federal, se justifican con críticas y señalamientos de incompetentes e irresponsables a los jueces ante quien se turnó el caso y que fueron quienes dictaminaron el auto de libertad, mientras que la ciudadanía se pregunta “negligentes, ¿quiénes?”.
La sociedad ve pocos caminos y alternativas en esto que se está haciendo costumbre o sea en la liberación de personas que son detenidos por cuestiones de narcos, contrabando de mercancía o de humanos, explotadores infantiles y adultos, etc. y a la conclusión a que llegan o bien la pregunta que se hacen ¿hay más capacidad en los abogados que contratan estos malandros para lograr vencer a la justicia y conseguir la libertad de sus clientes?, ¿la libertad de esos detenidos está relacionado con la honestidad de los jueces? o, ¿les falta capacidad, conocimiento e ingenio a nuestros agentes de seguridad pública local y estatal, para integrar los expedientes y consignarlos al juez correspondiente, con las bases y pruebas suficientes para que la libertad no se obtenga a través de argucias o recovecos de nuestras leyes?.
La respuesta está en las procuradoras y fiscalías de justicia estatales y federales; pero lo que la sociedad mexicana ve con mayor regularidad es la puesta en libertad de detenidos, al igual que devolución de riquezas aseguradas a la delincuencia organizada y que por falta de elementos no pueden ser requisadas. ¿Negligentes, quiénes? (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org
