Rancherías, una tragedia minera olvidada

Atardeciendo bajo el cielo de nubes variopintas en el monte alfombrado de mezquites y partido en dos por una cerca de malla ciclónica, las afueras de la mina Micaran, apenas y se escucha el rumor del viento.

Hace dos años que esto no estaba así.

Hace dos años que aquí, al pie de esta puerta erecta en medio de la nada, como si la nada tuviera entrada y salida, había carabineros, carabinas al hombro, uniforme beige de camuflaje, custodiando la puerta.

Y en torno a la puerta un hervidero de periodistas, bienhechores, activistas, predicadores, curiosos…

Y el campamento de víveres, con los víveres que almas caritativas habían traído para los rescatistas y los familiares de los carboneros a los que, días antes, se había tragado el agua en los bajos fondos de la tierra.

Hace dos años que esto no permanecía solitario, olvidado, abandonado, serio, como ahora.

Hace dos años que por esta flaca valla de alambre retorcido en rombos infinitos, desfilaron funcionarios y políticos montados en camionetas de lujo que, de vez en vez, paraban ante la intromisión de los reporteros, apostados en el monte, bajo toldos improvisados, a más de 40 grados de calor, que aguardaban las novedades del rescate.

Pero eso ya pasó.

Hoy esto es un desolado y mudo llano, rajado por una valla de grueso hilo metálico, sujeta a un escuálido poste de fierro con una cadena y un candado, como si la nada, en sus entrañas, atesorara algo, un secreto, que le robaran.

Aquí ya nadie viene, nadie para, nadie habita…

NO HUBO JUSTICIA

Sólo el silencio y las cruces que las viudas y padres de los mineros hicieron clavar en la cima de la cueva, donde yacen las almas de sus muertos para, en cada aniversario, recordar y rezar.

“Todas las secretarías estuvieron aquí, todo el gobierno, pero nada…”, dice Juan Andrés Ocura Rodríguez, una tarde a la sombra de un árbol que da mucha sombra en el solar de su casa de Mineral de Rancherías, municipio de Múzquiz, Coahuila.

Juan Andrés es el padre de Maday, 20 años, la pareja de José Leopoldo Méndez Sánchez, uno de los siete mineros, el más joven, 24 años, que el 4 de junio de 2021 murieron ahogados en esta cueva de carbón, porque eso era, eso es, una cueva cavada sobre la pared de un tajo.

Dos años después de la tragedia que volvió a ensombrecer a esta zona de sacrificio que ha sido por décadas la Región Carbonífera de Coahuila, Juan Andrés, dirá que no, que otra vez no, que no hubo justicia.

Nadie hay en la cárcel y las viudas de los mineros y sus hijos apenas y sobreviven con la pensión de entre tres mil 700 y cuatro mil pesos al mes que les da el Seguro Social y que las mujeres estiran lavando ajeno, sirviendo en casas o trabajando jornadas nocturnas de 12 horas en una maquila..

De la indemnización tampoco hubo nada.

A Gerardo Nájera Rodríguez, el dueño del predio, contratista, concesionario, encargado, socio de la mina o simple prestanombres, nunca se supo con certeza lo que era, nadie lo ha visto más.

Semanario solicitó (folio 050096900032223) a la Fiscalía General del Estado (FGE) el expediente o expedientes completos sobre el siniestro en la mina Micaran.

Así como el número de denuncias judicializadas, sentencias emitidas, identidad de él o los imputados, sanciones y montos, reparación del daño a las siete familias y el número de personas que están en prisión por la muerte de los mineros, entre otros requerimientos.

Al respecto esta dependencia contestó que “solo podría proporcionarse información a quienes tienen el carácter de sujetos del procedimiento penal o sujetos procesales”.

No obstante, reza el documento, “la Delegación de esta Fiscalía en la Región Carbonífera, informa que el estatus actual de la carpeta de investigación es EN TRÁMITE”.

“Nájera ya no está en el radar, ya no lo he visto”, dice Juan Andrés, el brazo recargado en el grueso tronco de un árbol.

Los de la funeraria habían venido a su casa, durante casi un año, para cobrar los 20 mil pesos del ataúd de su yerno Leopoldo.

“Vinieron los del gobierno y les ‘dije oiga el señor Nájera no ha pagado ni el ataúd y usted viene con otro tema. Primero es lo primero, que paguen los servicios funerarios, que ya no molesten a mi hija, y ya nos sentamos a platicar’”, cuenta don Juan Andrés.

Hasta que ya pagaron.

Por la hendija de la puerta de la vivienda de block sin enjarrar de don Andrés, asoma un rostro como de tres años.

-Es el chico de Maday, ¿no?

Sí…

-¿Lo puedo fotografíar con usted?

-No…se va a enojar mija, se enoja…

Dice don Juan Andrés y dice que Maday no va salir a dar entrevista, que no quiere, que ya no quiere nada porque “realmente es puro… no hacen nada hombre, las autoridades no hacen nada”.

El gobierno le había dado a su nieto una beca de mil pesos al mes que aún le deposita, y una despensa que dejó de llegar hace más de tres meses.

-Ya no llegó….

-“No, no ha venido, últimamente ya no llegó”, dice Andrés.

-¿De cuáles despensas?

-Pos… son las del gobierno…

Con una beca de mil pesos al mes para su nene y una pensión de tres mil 700 pesos mensuales, a Maday no le quedó otra que salir a buscarse la vida a Múzquiz y contratarse de obrera en la empresa Fujikura, donde cumple turnos de 12 horas por la noche a cambio de un salario de dos mil pesos la semana.

“Tres mil 700 pesos de pensión, bien poquito, eso era lo que sacaba el muchacho por semana. Sí, era trabajador”.

Más de un año le tomó a Maday conseguir esa pensión, don Juan Andrés le habría ayudado en los trámites.

La última vez que Nazira Zogbi Castro, la secretaria del Trabajo en Coahuila, se reunió con los familiares de los mineros, hace más de un año, fue para dejarles en claro que el estado nos los iba a apoyar más, porque eso de los apoyos ya era cosa del gobierno federal, de la federación.

Desde entonces aquí ya nadie vino, ya nadie viene.

Lejos quedaría el recuerdo de la tragedia de Rancherías, de allá cuando las suntuosas camionetas de funcionarios y políticos desfilaron delante la puerta de la mina 2 de la empresa Micaran S.A. de C.V.

OLVIDADAS

“Estamos olvidadas”, suelta Cecilia Sánchez Cabezas una tarde tibia y gris mientras sostiene de pie, bajo el portal de su casa en el ejido La Mota, municipio de Múzquiz, una manta con las fotografías de los siete mineros caídos en la inundación de Micaran, entre ellos Pedro Ramírez Sánchez, su hijo, 26 años.

Es la lona que ella y varias de las viudas llevaron en febrero pasado a la Ciudad de México y en la que exigían “trato igualitario, no discriminación a familias de mineros de Micaran”.

Las mujeres habían ido hasta Palacio Nacional a buscar al presidente, pero no lo encontraron.

A su partida de la capital dejaron un par de cartas: una dirigida a Andrés Manuel López Obrador y otra para la Laura Velázquez Alzúa, la titular de Protección Civil a nivel nacional, en las que exigían castigo para el o los culpables del siniestro en Micaran e indemnización a las familias de los mineros fallecidos.

“Pedimos que metan a la cárcel a Gerardo Nájera, él muy libre con su familia gozando y nosotros… No señor, no se nos hace justo, queremos justicia, si él es el responsable lo queremos ver en la cárcel. Pedimos indemnización para que los niños estudien y no vaya a suceder lo que sucedió con sus padres: quedar en esos horribles lugares, por la necesidad”, clama Cecilia.

Lo de la ida a México pasó luego de que en la última reunión que sostuvieron las familias y las autoridades justo al año del siniestro de Micaran, el gobierno anunció que les retiraba los apoyos.

“Pudimos ver a la señora Velázquez y nos prometió hablar con el presidente a ver de qué manera… pero hasta hoy no hemos tenido respuesta. Estamos olvidadas ¿Dónde está la justicia de la que habla tanto el señor presidente?, no la hemos mirado”, cuestiona Cecilia y seca sus lágrimas con una pedazo de toalla blanca, el rostro contraído por el dolor.

Cecilia cuenta que antes de salir a la Ciudad de México las familias de los mineros se apersonaron en la oficina de Tania Vanessa Flores Guerra, la alcaldesa de Múzquiz, a quien solicitaron una ayuda económica para el viaje.

La edil se excusó que no tenía dinero.

Cecilia, como el resto de las dolientes, había tardado un año para lograr que el IMSS le diera la pensión por la muerte de su hijo Pedro, tres mil 700 pesos al mes.

Andan diciendo que a ustedes ya les hicieron justicia desde el momento que les entregaron los cuerpos de los mineros…

Claro que no. No los hubieran entregado vivos, nosotros no estuviéramos en esta situación, pero ellos fallecieron en esa mina… Lo que exigimos es justicia, que se nos trate con igualdad ¿Cómo a las del Pinabete en menos de 15 días el presidente les resolvió todo? Acá hay niños, hay familias desamparadas.

Meses después de la inundación de Micaran Cecilia se enteró por testigos de que Gerardo Nájera había amenazado a Pedro y a sus compañeros con despedirlos y no pagarles la semana trabajada, si no bajaban a la mina, a pesar de que había agua.

Pedro tenía dos días de haber entrado a laborar en Micaran.

“Mi hijo se iba a regresar, hay testigos que dicen que él ya venía y el señor le dijo ‘si te largas, te voy a correr y no te voy a pagar’. Verse obligados y con la necesidad, tuvieron que entrar donde desgraciadamente perdieron su vida.

“Aquí los únicos que se hacen ricos son los dueños, ellos lo que quieren es dinero, no importa que vaya manchado con sangre. ‘Sácale, sácale’, a ellos no les interesa que tu vida la pierdas”.

UNA ZONA DE SACRIFICIO

Don David Rodríguez Hernández, el papá de Humberto, otro de los mineros ahogados en Micaran, dirá que las cuevas, clasificadas por los empresarios del carbón con el eufemismo de minas de arrastre, son muy comunes en Rancherías y otros ejidos de la región.

“Aquí donde quiera las hacen y a escondidas”.

Así operan los empresarios del carbón en la zona de sacrificio, expone, Cristina Auerbach Benavides, teóloga, defensora de derechos humanos de los mineros del carbón y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos.

Primero hacen tajos y en los tajos, pozos, y luego cuevas.

“Es sobre los minados viejos que hacen los pozos y las cuevas, para sacar lo poco que queda. Una cueva ellos deciden que es una mina de arrastre. Le ponen unas vías de madera por donde bajan, con un malacate, un carrito y como lo arrastran pues… ya es mina de arrastre y eso se oye muy cool, ya no se oye como pozo o cueva, es una mina de arrastre”.

Auerbach Benavides dice que desde el siglo XVlll, cuando empezó la actividad minera en esta región, hasta fines del año pasado, la organización ha contado más de tres mil muertos.

Un día que Cecilia y las demás mujeres se presentaron al Ministerio Público para preguntar por los avances de las investigaciones sobre el caso Micaran, les dijeron que el expediente ya estaba cerrado desde que ellas le habían otorgado el perdón a Gerardo Nájera, el responsable de la mina, y que ya no había nada qué hacer.

Cecilia dice que es mentira.

“Nos comentaron que nosotros ya habíamos firmado, nunca firmamos nada”.

De acuerdo con el oficio COA/PG/CAR/SB/2021/AA-17985, fechado el 27 de Agosto de 2021 y firmado por el agente del ministerio público adscrito a la Unidad de Investigación Palaú, Diana Patricia Salinas Simpson, en poder de Semanario, la señora Teresita de Jesús Rodríguez Ramírez, viuda del minero Damián Ernesto Robles Arias, compareció ante la citada autoridad para manifestar su conveniencia de que se iniciaran los trabajos de extracción de carbón en la mina Micaran, después del siniestro, a fin de seguir recibiendo el pago de dos mil pesos semanales que, de manera moral, le entregaba el señor Gerardo Nájera Rodríguez, a ella y a las otras viudas y madre de los carboneros.

En tal convenio se especifica también que Teresita se desistía, en esos momentos, de las acciones legales por el accidente suscitado en la cueva.

Empero, en ninguna parte el documento habla textualmente de un “perdón” ni de que el caso se cerraba.

“En virtud de ese escrito tenían la carpeta de investigación congelada, la tenían guardada”, dice Blanca Aurora Rico Montelongo, quien se ostenta como la última representante legal de cinco de las viudas.

Lo malo, advierte, es que las familias carecen de los recursos económicos para contratar un perito especializado en geología, que determine cuál fue la causa exacta del siniestro y así deslindar responsabilidades.

“Una representación jurídica nula tuvieron esas pobres mujeres. Nunca pensé que mis ojos podrían ver el nivel de injusticia que se cometió con ellas. Como que están estigmatizadas, nadie las quiere ayudar, nadie”, dice Rico Montelongo, abogada litigante y hermana de Luis Rico Montelongo, uno de los 65 mineros muertos en la explosión de Pastas de Conchos.

-¿Quién es el dueño de la mina?

-Según la carpeta de investigación es Gerardo Nájera Rodríguez.

Sin embargo, al menos en la lista de las 800 concesiones mineras que le Secretaría de Economía entregó de 2000 a la fecha en la Región Carbonífera de Coahuila, y que obra en poder de Semanario, no aparece el nombre de Gerardo Nájera Rodríguez.

Blanca fue la autora de la carta que las viudas de Micaran llevaron a México en febrero de este año.

“Pedimos que así como se ha reparado el daño a Pinabete, a Pasta de Conchos, que también a ellas se les pague”.

-¿Y qué ha pasado?

-No dan respuesta. Vino Aracely Mejía, la coordinadora de las reparaciones del daño, y le digo, “oye, de qué se trata, nosotros enviamos esta carta y no nos han contestado”, me dice “la Federación no te va a pagar, pero sí te puede pagar el estado”.

Rico Montelongo dice que ahora se está enfocando en una estrategia legal para lograr que las viudas, o sus familiares, sean contempladas como víctimas y obtener, por parte del estado, no del patrón, una reparación del daño, pero “tristemente se lleva mucho tiempo. No le ponen mucho énfasis, como si la vida de esas personas no valiera, o sea son siete vidas”.

FUERON PERSONAS, NO ANIMALES

De vuelta al portal de su casa en La Mota, Cecilia se está acordando de la mañana que Pedro, su hijo, salió rumbo a la mina.

Eran las 7:00 del 4 de junio de 2021.

Afuera la garúa.

“Ver a mi hijo y que me diga ‘mamá, ya me voy’, sus últimas palabras y decirle ‘Dios te bendiga mijo’ y ya no volverlo a ver es de volverse loca”.

Narra Cecilia al tiempo que acaricia unas fotografías con la imagen de su hijo: Pedro a los lomos de un caballo en una cabalgata; Pedro de cacería en el monte, cargando un venado al hombro; Pedro abrazado de Rubí, su novia.

“Ella estuvo desde el accidente hasta que lo sacaron y ora pone en el fais que tenía la esperanza de que saliera y abrazarlo, pero no sucedió, señor. Fue el día más espantoso de mi vida, el que una madre nunca quisiera vivir…”.

Pedro se había convertido en el sostén de Cecilia, sus dos hermanos menores y su padre, enfermo de pulmón negro, un padecimiento que aqueja a los mineros de la región por la aspiración prolongada, crónica, de polvo de carbón.

Ahora que Pedro falta Cecilia ha tenido que ir de casa en casa por el pueblo ofreciendo sus servicios como lavandera, para sacar algunos pesos y con ello irla pasando.

Cecilia fue la primera persona que llegó a la mina, después que un familiar le avisó que en el Facebook habían publicado sobre siete carboneros atrapados en una cueva de Rancherías.

Ya luego la mina se empezó a llenar y a llenar de gente.

Los días y las noches que Cecilia pasó en el campamento fueron los más largos de su vida.

Las familias, recuerda, habían recibido de las autoridades estatales la instrucción de no hablar con los medios de comunicación.

Hoy dice que ya no piensa callar más.

“No fueron unos animales, fueron siete personas, siete seres humanos que merecen respeto. No sé por qué el presidente nos trata como si no fuéramos nadie”.

Reprocha Cecilia y vuelve a llorar, dice que el suyo ha sido un duelo difícil.

-¿Les pusieron psicólogo?

-Nada. Por nosotros nadie se ha preocupado, absolutamente nadie. En momentos siento que me voy a morir y no voy a resistir. Es un dolor inmenso todos los días, hasta el día en que me muera…

PARA EL GOBIERNO, RANCHERÍAS YA NO EXISTE

Al otro lado del teléfono, Silvia Alvarado Casillas, la viuda del carbonero Humberto Rodríguez Ríos, está contando de cuando ella y varias de sus compañeras fueron a México para clamar justicia por la muerte de los siete mineros y las autoridades de allá no sabían nada del siniestro.

“Nos decían que si éramos del Pinabete, que si éramos de Pasta de Conchos, les dijimos ‘no, es otra mina’, nos preguntaban ‘pero, ¿cómo que es otra mina?’, no sabían nada. Se olvidaron de nosotras, se olvidaron del accidente, de todo lo que pasó”.

Cristina Auerbach Benavides, representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, dirá simplemente que Rancherías dejó de existir para el gobierno.

Por aquellos días, recuerda Silvia, un ministerio público de Palaú les había dicho a los familiares de los mineros que lo de la cueva Micaran había sido un desastre natural y que no había ya nada que hacer.

“¿Cómo que fue un desastre de la naturaleza, si saben bien cómo estaba la mina?”, reclama Silvia.

-Humberto le platicaba…

-Decía que estaba muy peligroso, muy feo… porque como trabajaban cerca de muchas minas viejas que, supuestamente, las cerraron porque se llenaban de agua, “y luego al lado de un tajo”, dice, al “desbordarse el tajo o al topar con un venero se nos puede venir el agua”, y decía “nosotros vamos por abajo y podemos dar con un cañón viejo de agua”.

El 23 de octubre de 2020, la Organización familia Pasta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., habían denunciado, en una carta dirigida a Manuel Bartlett Díaz, director Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las irregularidades que imperaban al interior de dos cuevitas de arrastre en Rancherías, las cuales tenían contratos con la CFE y extraían carbón, una de ellas Micaran.

“No había agua potable para los trabajadores; estaban en tenis, sin equipo de seguridad; no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidores, ventilación, autorescatadores; y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el IMSS”, revelaba el escrito.

En el documento los activistas solicitaban una audiencia con el funcionario, a fin de ofrecer su colaboración en las tareas de regulación de este tipo de áreas de trabajo y evitar así la repetición de más siniestros, pero nunca fueron recibidos.

“Cuando se inunda Rancherías y mueren los mineros, Manuel Bartlett dice que no sabía nada, sí sabía y nosotros teníamos los papeles firmados por él de que los había recibido”, advierte Cristina Auerbach Benavides.

El 4 de junio de 2021, se cumpliría la profecía de Humberto.

Al principio, relata Silvia, el foco del gobierno se había fijado en las familias de los carboneros, después ya nadie se acordó de ellas.

“¿Nájera?, ya no dio la cara, nomás los primeros meses y después se olvidó”.

Luego del siniestro las autoridades habían apoyado a Silvia con despensa y los útiles escolares de los niños, después se acabó, “pasó el tiempo, se olvidaron”.

Humberto, como la mayoría de los hombres en la región Carbonífera, había trabajado siendo muy crío en las minas.

“Yo le decía que no fuera a trabajar, ‘pos ya no vayas, si crees que está muy feo’, y decía ‘no pos tengo que trabajar, la necesidad’ y cuando llegaba a casa decía ‘pos yo lo único que siento son mis hijos, que me llegue a pasar algo’”.

Platica Silvia quien durante los últimos dos años, al igual que las otras viudas, padres e hijos de los mineros muertos, no se ha cansado de exigir justicia.

“Fueron siete personas, no fueron unos animales los que se quedaron en la mina. Aunque nos hayan dado sus cuerpos, pero pos ahí quedaron ellos… Queremos al responsable del accidente, que no se quede así”.

Un año después de la tragedia, Silvia se había mudado a Múzquiz con sus cuatro hijos huérfanos de padre.

Olimpia, la de 16 años, se había enlistado en el Conalep de aquel municipio, y Silvia consiguió trabajo en la planta Fujikura, como operaria.

Al principio la familia se asentó en un piso de renta, pero viendo que no alcanzaba con la pensión de tres mil 700 pesos que le daba el IMSS para pagar el alquiler, la colegiatura de los niños, los servicios básicos, decidió irse a vivir con su madre.

“No es justo que el señor Nájera se ande paseando como si nada, mientras nosotras ya no tenemos quién nos apoye. A nuestros esposos nadie nos lo va a regresar, mis hijos ya se quedaron sin padre”.

-¿Les ha afectado?

-A la muchachita que está en la primaria. Nomás estaba encerrada, ya no quería salir, como que entró en depresión.

Por aquellos días, recuerda Silvia, un ministerio público de Palaú les había dicho a los familiares de los mineros que lo de la cueva Micaran había sido un desastre natural y que no había ya nada que hacer.

“¿Cómo que fue un desastre de la naturaleza, si saben bien cómo estaba la mina?”, reclama Silvia.

-Humberto le platicaba…

-Decía que estaba muy peligroso, muy feo… porque como trabajaban cerca de muchas minas viejas que, supuestamente, las cerraron porque se llenaban de agua, “y luego al lado de un tajo”, dice, al “desbordarse el tajo o al topar con un venero se nos puede venir el agua”, y decía “nosotros vamos por abajo y podemos dar con un cañón viejo de agua”.

El 23 de octubre de 2020, la Organización familia Pasta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., habían denunciado, en una carta dirigida a Manuel Bartlett Díaz, director Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las irregularidades que imperaban al interior de dos cuevitas de arrastre en Rancherías, las cuales tenían contratos con la CFE y extraían carbón, una de ellas Micaran.

“No había agua potable para los trabajadores; estaban en tenis, sin equipo de seguridad; no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidores, ventilación, autorescatadores; y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el IMSS”, revelaba el escrito.

En el documento los activistas solicitaban una audiencia con el funcionario, a fin de ofrecer su colaboración en las tareas de regulación de este tipo de áreas de trabajo y evitar así la repetición de más siniestros, pero nunca fueron recibidos.

“Cuando se inunda Rancherías y mueren los mineros, Manuel Bartlett dice que no sabía nada, sí sabía y nosotros teníamos los papeles firmados por él de que los había recibido”, advierte Cristina Auerbach Benavides.

El 4 de junio de 2021, se cumpliría la profecía de Humberto.

Al principio, relata Silvia, el foco del gobierno se había fijado en las familias de los carboneros, después ya nadie se acordó de ellas.

“¿Nájera?, ya no dio la cara, nomás los primeros meses y después se olvidó”.

Luego del siniestro las autoridades habían apoyado a Silvia con despensa y los útiles escolares de los niños, después se acabó, “pasó el tiempo, se olvidaron”.

Humberto, como la mayoría de los hombres en la región Carbonífera, había trabajado siendo muy crío en las minas.

“Yo le decía que no fuera a trabajar, ‘pos ya no vayas, si crees que está muy feo’, y decía ‘no pos tengo que trabajar, la necesidad’ y cuando llegaba a casa decía ‘pos yo lo único que siento son mis hijos, que me llegue a pasar algo’”.

Platica Silvia quien durante los últimos dos años, al igual que las otras viudas, padres e hijos de los mineros muertos, no se ha cansado de exigir justicia.

“Fueron siete personas, no fueron unos animales los que se quedaron en la mina. Aunque nos hayan dado sus cuerpos, pero pos ahí quedaron ellos… Queremos al responsable del accidente, que no se quede así”.

Un año después de la tragedia, Silvia se había mudado a Múzquiz con sus cuatro hijos huérfanos de padre.

Olimpia, la de 16 años, se había enlistado en el Conalep de aquel municipio, y Silvia consiguió trabajo en la planta Fujikura, como operaria.

Al principio la familia se asentó en un piso de renta, pero viendo que no alcanzaba con la pensión de tres mil 700 pesos que le daba el IMSS para pagar el alquiler, la colegiatura de los niños, los servicios básicos, decidió irse a vivir con su madre.

“No es justo que el señor Nájera se ande paseando como si nada, mientras nosotras ya no tenemos quién nos apoye. A nuestros esposos nadie nos lo va a regresar, mis hijos ya se quedaron sin padre”.

-¿Les ha afectado?

-A la muchachita que está en la primaria. Nomás estaba encerrada, ya no quería salir, como que entró en depresión.

SIN REPARACIÓN DEL DAÑO

Al calor del ocaso en el Pueblo de Rancherías con sus calles polvosas y sus casas de madera, dos aguas, pastel, Pedro Rodríguez Hernández, dice que su nieto ha sufrido mucho.

“Ha sufrido mucho oye…”.

Ernesto de Jesús, moreno, espigado, ocho años, el hijo de Teresita y Damián Ernesto Robles Arias, otro joven minero muerto en el siniestro de la cueva Micaran, se ha acercado para escuchar la plática.

-¿Tu papi?

-Se murió…

-Ahogao, dile, en la mina…

Interviene Pedro.

-¿Dónde está ahora?

-En el cielo.

“Él sabe porque yo le dije, porque a veces no les dicen. Él sabe desde el momento en que…”, se interrumpe Pedro que está sentado en una flaca mecedora, a la entrada del solar de su vivienda con árboles.

“Lo dejaron huérfano y ora no quieren darle nada”, suelta don Pedro.

A don Pedro hay que hablarle fuerte, casi que gritarle para que oiga.

Es la secuela que le quedó después de trabajar más 40 años en las minas y que se llama hipoacusia, Pedro no oye bien, no oye.

Afuera las calles del pueblo lucen sumidas en un pasmoso letargo, tan diferente a aquellos días, los días de la tragedia, en que las autoridades atravesaron Rancherías en vehículos de modelo reciente.

Más tarde esas mismas autoridades declararían liquidado el asunto de Micaran.

“Que ya habían terminado a las familias, que les dieron todo, finiquito, indemnización. No han respondido, Nadie”.

-¿Y Nájera?

-Ni lo arrimaron.

Cada que Pedro intenta comunicarse por celular con Nazira Zogbi, la secretaria del Trabajo en el estado, para tratar el asunto de la justicia y la indemnización a las viudas y padres de los carboneros, no le contesta.

“¿Cómo le hacemos?, ¿a quién le pedimos apoyo? Necesitamos levantar una guerra pa pelear con los corruptos… ¿Cuánto agarrarían?, ¿cuánto agarraría la Secretaría del Trabajo?, ¿cuánto agarraría Fiscalía?, ¿cuánto agarraría el Seguro, para tapar todo eso?”, se pregunta Pedro.

Al fondo del solar un ladrido lejano o el gorjeo de los pájaros de las 5:15 de la tarde, la hora en que Teresita, su hija, sale para tomar el transporte que la llevará a Fujikura, en Múzquiz, la fábrica donde trabaja 12 horas de pie, armando arneses para automóviles que tal vez jamás conducirá.

-¿Cuánto le pegan?

-Mil 500 por semana, nomás que se queda tiempo extra, ya llega en la mañana…. Es muy duro porque tiene que llevar al niño a la escuela, si no lo lleva ella le echan leña.

Teresita no tiene otra opción, dice Pedro, con los tres mil 700 pesos de pensión al mes que le otorgó el Seguro para ella y su hijo como compensación por la vida de su pareja…

Damián había cumplido una semana de haberse ocupado en la mina, cuando sobrevino la inundación.

El patrón lo había dado de alta en el IMSS con un salario de 160 pesos al día, como suelen hacer los patrones de minas en esta zona de sacrificio.

“Ellos trabajando bien, los cinco días, seis días, por lo regular ganan hasta cuatro mil, cinco mil pesos a la semana”.

Don Pedro cuenta que un día llegó hasta su solar Gerardo Nájera, quería, dijo, que su hija le concediera el perdón por el siniestro en la mina Micaran.

Pedro se negó.

“Que era inocente… que quería que le firmara como inocente, le dije que el perdón no se lo daba, porque él era culpable. Nájera culpa a los de una mina de más arriba, que ellos no habían desaguado y que por eso se había venido el agua”.

Semanario solicitó por transparencia (folio 330027123000501) a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la totalidad de los documentos que registran, amparan y comprueban las inspecciones, observaciones, supervisiones y dictámenes, realizados, a la Mina 2 de la empresa Micaran S.A. de CV, de 2016 a la fecha.

Pero la STPS clasificó como reservada la información contenida en los expedientes 2341/000304/2021, 2341/000305/2021, 2341/000312/2021, 2341/000071/2021 y 2341/1S/15/00037/2022, por cinco años “o hasta que se extingan las causas que dan origen a su clasificación”.

El argumento es que los expedientes constituyen actualmente un procedimiento administrativo en trámite, derivado de la Inspección Federal para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral que realiza la Secretaría del Trabajo.

-¿Cuánto les iban a dar a las familias por reparación del daño?

-No se habló nada.

Nájera Rodríguez había convenido con las viudas y padres de los carboneros el pago de dos mil pesos semanales, a cambio de que le permitieran seguir explotando la mina.

Las labores duraron un año, el apoyo de dos mil pesos, apenas tres meses.

La cueva, donde la muerte había sorprendido a los siete mineros en forma de un golpe de agua, está inundada junto con el tajo que la sustentaba.

Como seña sólo quedó la estructura metálica del riel por donde los carboneros bajaban a ese infierno que es el trabajo en las profundidades de la tierra.

A la diestra del paisaje, que en una tarde nublada luce sombrío, se ven las cruces con los nombres de los mineros protegidas por un cerco de muebles viejos, un carrete de madera, cachivaches, palos y al fondo el tajo, anegado.

CANSADAS DE PEDIR JUSTICIA

Una tarde, al otro lado de la reja que divide la casa de renta en la que vivía con Bernardo Mauricio Martínez Cortez, otra de las víctimas de la inundación de Micaran, y sus cuatro hijos, en el barrio La Cuchilla, Palaú. Laura Patricia Orozco Gómez, la viuda, dice que ya está hastiada de pedir justicia.

Mauricio fue el primer minero en ser rescatado.

Laura había contemplado desde su dolor cómo aquel monte, que hoy está solitario, las inmediaciones de Micaran, se iba llenando de funcionarios en trocas flamantes y gente.

-¿Cuánto tiempo trabajó Mauricio en la mina?

-Como siempre cerraban y abrían, cerraban y abrían, pos no le podría decir qué tanto.

-¿Por qué cerraban y abrían?

-Porque pos a veces se llenaba de agua la mina o porque no había material para trabajar.

Dice Laura y sostiene en sus manos una fotografía póster de Mauricio montado en la yegua blanca de Braulio, su hijo, fallecido cuatro años antes de la tragedia en la cueva.

Sobre el fondo se ve un atardecer de cielos incendiados y una llanura verde, donde pasta una manada de caballos.

La foto que Laura mandó hacer para colocarla en el féretro de Mauricio.

Laura dice que lo echa en falta y aunque su matrimonio nunca fue de telenovela, Mauricio era el fuerte de la casa, el que traía el dinero.

Lo único que a Laura le quedó de su esposo es una pensión del IMSS de cuatro mil pesos mensuales para pagar el alquiler de la casa, agua, luz, comida, todo.

-¿Y ahora?

-Sí pos… trabajo en las casas, donde me salga porque el mes es muy largo.

Hoy vive con dos de sus hijas, 17 y 18 años, ninguna de las dos estudia, la más chica dejó la escuela después que murió Mauricio.

“Ellas no salen, no van a ninguna parte… Les afectó mucho lo de su papá”.

Semanario Coahuila es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.