La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este martes que una medida de la era de la pandemia de Covid-19 utilizada desde 2020 para bloquear el ingreso de cientos de miles de migrantes al país debe permanecer vigente.
El fallo judicial, establecido por cinco votos contra cuatro, acepta, al menos temporalmente, una petición de 19 estados que alegaron que se verían desbordados por la llegada de migrantes si se levanta la norma del denominado Título 42 y se abre la frontera. La Corte Suprema extendió así la suspensión temporal que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió la semana pasada. Según la orden del tribunal, el asunto se debatirá en febrero y la suspensión se mantendrá hasta que los jueces resuelvan el caso.
Un grupo de fiscales de 19 estados, incluyendo Texas, fueron los que provocaron que el Supremo tuviera que pronunciarse. Alegaban que la suspensión provocaría “un daño masivo e irreparable” en materia migratoria.
Los estados argumentan que se enfrentan a una crisis migratoria si se suspende el Título 42 y que el gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar la situación.
El Supremo debe ahora escuchar los argumentos y decidir si los estados pueden o no estar personados en el caso que debe decidir el citado juez federal del Distrito de Columbia.
La decisión tomada esta tarde por el Supremo contó con el voto en contra de los tres jueces liberales pero también de un conservador Neil Gorsuch, que entienden que para controlar la frontera no debe seguir usándose esta norma sanitaria.
“La actual crisis en la frontera no es una crisis por el Covid. Y los tribunales no deberían perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia solo porque los funcionarios electos no han podido abordar” una situación distinta, escribió el juez Gorsuch en un documento expresando su desacuerdo con la decisión.
Poco después del fallo, la Casa Blanca pidió una reforma migratoria integral.
Karine Jean Pierre, portavoz del Gobierno de Joe Biden, dijo en un comunicado que la Administración federal acatará la orden, pero pidió al Congreso que apruebe una reforma migratoria para resolver la crisis de la frontera.
“El Título 42 es una normativa de sanidad pública, no una política migratoria, por lo que no debe mantenerse de forma indefinida”, reivindicó la portavoz.
En marzo de 2020, el gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) activó este instrumento sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes sin permiso de residencia detenidos en las fronteras terrestres.
La aplicación de esta medida es inmediata, no admite recurso legal y no prevé el retorno automático al país de origen de los migrantes.
Se prevén raras excepciones para determinadas nacionalidades, como los ucranianos desde la invasión de su país por Rusia, o para menores no acompañados.
Activistas y expertos en derechos humanos consideran la medida una violación del derecho internacional. Consideran en particular “inhumano” impedir que un potencial solicitante de asilo formule su trámite en este sentido.
En su opinión, el sistema actual solo alienta a los migrantes a cruzar la frontera ilegalmente y a correr riesgos cada vez mayores para llegar cruzando desiertos, zonas hostiles o ríos propicios para ahogarse.
