WASHINGTON D.C. — La Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump reanudar de inmediato la construcción del muro fronterizo en la zona ecológica de Big Bend, Texas.
El fallo del máximo tribunal revirtió la suspensión temporal que había impuesto una jueza federal, lo que representa un duro revés para los grupos ambientalistas, propietarios privados y legisladores bipartidistas que mantienen litigios contra la obra.
Para acelerar el proyecto, el Poder Ejecutivo ha utilizado partidas presupuestarias por más de 46,000 millones de dólares aprobadas por el Congreso. Esto permite al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza instalar hasta 12 millas de barreras metálicas por semana, respaldado por exenciones regulatorias masivas destinadas a esquivar normativas ambientales que históricamente retrasaban este tipo de infraestructura.
Por su parte, los opositores al proyecto en Texas han manifestado su rechazo absoluto. Argumentan que la instalación de estructuras de acero de nueve metros de altura destruye el paisaje natural del Parque Nacional Big Bend y representa un desperdicio de recursos públicos, señalando que este sector registra índices muy bajos de cruces informales.
Como alternativa, diversos colectivos de la región han propuesto sustituir el muro físico por sistemas de vigilancia tecnológica basados en sensores y drones de monitoreo aéreo, con el objetivo de preservar la economía local y el ecosistema del río Bravo.
