Una investigación periodística internacional ha logrado identificar a 13 de las casi 200 víctimas de los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Todas ellas provenían de comunidades en situación de pobreza extrema.
Durante cinco meses, un equipo de 20 periodistas liderado por el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP) rastreó testimonios y documentos para dar nombre y rostro a quienes hasta ahora permanecían en el anonimato. El hallazgo revela que, incluso en los casos con posibles vínculos al narcotráfico, las víctimas eran hombres jóvenes que sobrevivían en condiciones precarias y aceptaban trabajos ocasionales para sostener a sus familias.
Una campaña letal y opaca
Los ataques comenzaron en 2023, en el marco del despliegue militar estadounidense hacia Venezuela. Desde entonces, el Comando Sur de EE. UU. ha justificado las operaciones alegando que se trataba de acciones “deliberadas, legales y precisas” contra “narcoterroristas”. Sin embargo, hasta la fecha Washington no ha presentado pruebas de que alguna de las 194 personas asesinadas estuviera involucrada en el tráfico de drogas.
La administración Trump defendió la campaña como parte de su estrategia antidrogas, pero analistas como Brian Finucane, del International Crisis Group, sostienen que se trató más de un “espectáculo militar” que de una operación seria contra el narcotráfico.
Víctimas con nombre y rostro
Entre los 16 identificados figuran ocho venezolanos, tres colombianos, dos ecuatorianos, dos trinitenses y un ciudadano de Santa Lucía. Sus historias reflejan la vulnerabilidad de comunidades costeras donde la pesca y los trabajos informales son la única fuente de sustento.
Algunos, como los venezolanos Juan Carlos Fuentes y Luis Ramón Amundarain, habían aceptado un viaje en barco tras recibir la promesa de empleo en Trinidad y Tobago. Días después, la embarcación fue bombardeada. Sus familias insisten en que no tenían relación con el narcotráfico.
Impacto en comunidades
El informe del CLIP subraya que los ataques no han reducido el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero sí han devastado comunidades ya debilitadas por el crimen organizado y la ausencia estatal. En varias zonas, los pescadores dejaron de salir al mar por miedo a ser atacados, lo que provocó hambre y mayor precariedad.
“Lo que está ocurriendo es que se asesina a jóvenes pobres que buscan cualquier trabajo para sobrevivir”, declaró María Teresa Ronderos, directora del CLIP. “Ni Pablo Escobar ni Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán están en esas lanchas”.
Condena internacional
Organizaciones de derechos humanos, gobiernos latinoamericanos y la ONU han denunciado los ataques como ejecuciones extrajudiciales. Pese a ello, las operaciones continúan, mientras las comunidades afectadas cargan con las consecuencias: familias sin sustento, niños huérfanos y un clima de miedo persistente.
