CIRCUITO MEXIQUENSE
Por Ángel Bocanegra
La reforma al INFONAVIT será la palanca para cumplir la meta de construir un millón de viviendas en este sexenio, bajo un esquema poco claro y en el que el dinero de los trabajadores servirá de financiamiento, pero que al fin y al cabo no será la primera vez.
A lo largo de la historia, el Instituto en poco ha contribuido para garantizar el derecho constitucional de la vivienda, pero sí para grandes negocios de desarrolladoras, las que prácticamente obligan a los beneficiarios de un crédito a comprarles con un disfrazado contubernio con ese organismo.
Con la anuencia de legisladores y del “charrismo sindical”, los trabajadores han sufrido los atropellos de varias reformas que tuvieron el único objetivo de cargarles el costo de la corrupción y del contubernio con empresas constructoras que edificaron viviendas de pésima a mala calidad.
No sólo eso, sino que también en la gran mayoría de los casos las dimensiones de los espacios habitacionales tampoco son medianamente habitables para una familia de cuatro integrantes, o incluso fueron edificadas en zonas alejadas o incomunicadas. Pero no había de otra más que comprar.
El ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador se cansó de acusar en su mandato que todos los cambios a la Constitución fueron para perjudicar a los trabajadores, no para beneficiarlos, y el caso del Instituto no fue la excepción.
Nomás baste recordar las modificaciones de 1987, para que los créditos fueran otorgados en veces salario mínimo y no en pesos, además de que se amplió a 30 años el plazo hipotecario, que representó una especie de soga al cuello:
Al inicio de cada año se aplica al capital el incremento al salario mínimo, que si bien en muchos años se contuvo entre en 3.5 y 4 por ciento, no dejaba de ser aumento, aunque con la reforma del 2017 se desindexó dicha percepción y en la actualidad se aplica el UMA.
Es decir, la mayoría termina pagando entre cuatro y cinco veces el préstamo otorgado por el INFONAVIT, que a la larga se convertía en una pesada loza, ya que además cada año aumentaba la mensualidad de acuerdo a la inflación.
O sea, era el uno-dos contra quienes tenían un crédito en VSM, desventajas que ni siquiera la voracidad de la banca contempla en créditos hipotecarios.
En el gobierno de López Obrador se impulsó regresar al esquema de los créditos en pesos bajo el programa “Responsabilidad Compartida”, que, por supuesto, ha tenido buena aceptación.
En 2019, “alrededor de 70% de la cartera del Instituto corresponde a créditos otorgados en salarios mínimos, esto representa más o menos 4.4 millones de créditos”, explicó en ese entonces el director Carlos Martínez.
No se diga de los casos de corrupción en los que se han visto involucrados desde funcionarios, notarios, jueces, despachos de abogados y de cobranza, desarrolladoras y “coyotes”, para despojar a los trabajadores de su vivienda por atraso de pagos.
Qué decir de los miles de millones de pesos que salían de las arcas del Instituto para financiar desarrollos inmobiliarios vinculados con representantes de los empresarios o de los propios trabajadores en el Consejo de Administración del Instituto, amigos o compadres.
O el pago a los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, de la empresa Telra Realty, que recibió cinco mil millones de pesos por la terminación de un contrato en la gestión de David Penchyna como director general, y que había sido firmado en la etapa de Alejandro Murat.
La historia del saqueo y mal manejo de los recursos de los trabajadores no ha sido cualquier cosa a lo largo de los años, y ahora se pretende utilizar, según la oposición, 2.4 billones de pesos para cumplir la meta de vivienda de Claudia Sheinbaum.
Circuito Exterior… La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, le da seguimiento al programa de recuperación de la zona oriente del Estado de México, para lo cual se reúne con presidentes municipales. Se ha puesto especial atención a Ecatepec con el tema del agua, donde la Conagua ya realiza trabajos. Solo hay que esperar resultados.
